El Gobierno español en funciones se ha comprometido a adelantar a julio el cierre de los presupuestos generales de Estado de 2016 como estrategia fiscal para controlar el gasto público, lo que implica que habrá que ejecutar la cuentas al pie de la letra sin incurrir en gastos extraordinarios.
Así consta en el documento de alegaciones enviado a Bruselas para evitar una multa por el incumplimiento de los objetivos de déficit, en el que se asegura que en cuanto se constituya el próximo Gobierno se aprobará un decreto ley con las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.
Dichas medidas incluyen la subida de los anticipos que las grandes empresas pagan a cuenta del Impuesto de Sociedades, con una recaudación adicional estimada de 6.000 millones de euros, además de nuevos instrumentos para luchar contra el fraude fiscal, con un impacto previsto de otros 1.000 millones. A ello se suman otros 1.500 millones que el Gobierno espera ahorrarse en el pago de los intereses de la deuda pública.
ESPAÑA NO ES UNA AMENAZA PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA ZONA EURO
Según se explica en el documento de alegaciones, estas medidas adicionales muestran el compromiso "firme e inequívoco" de España para situar el déficit público por debajo del 3% del PIB en 2017.
En opinión del Gobierno en funciones, sería "paradójico" que se impusiera a España una sanción por la desviación de un solo año, cuando el país ha estado siempre "plenamente comprometido con las normas de la Unión Económica y Monetaria", algo que considera aún más evidente "si se tienen en cuenta las inconsistencias metodológicas a la hora de evaluar la acción efectiva en el caso de España".
"España no es una amenaza para la estabilidad financiera de la zona del euro", dice el texto, que añade que la decisión de imponer una multa "no solo sería incoherente, sino también contraproducente", además de que supondría "un paso en la dirección contraria de lo que Europa necesita".
Asegura que la sanción no ayudaría a proteger la credibilidad de la UE y la zona del euro en un momento de incertidumbre y riesgos tanto para la economía mundial como para los mercados financieros europeos.
El documento incide en la "ambiciosa estrategia" de consolidación fiscal y reformas estructurales acometidas en España, que han permitido una "notable corrección de los desequilibrios macroeconómicos" a pesar de haber sido uno de los países europeos más afectados por la crisis, que provocó una contracción del PIB del 9% y la destrucción de 3,5 millones de empleos.
También subraya que el esfuerzo fiscal que ha permitido bajar el déficit desde el 9,6% del PIB en 2011 al 5% en 2015 sitúa a España entre los cuatro países de la zona euro con mayor consolidación fiscal en ese periodo.
Además, hace hincapié en que la "inflación negativa" ha hecho más difícil el ajuste fiscal y cifra en 7 décimas del PIB el efecto de esta circunstancia sobre el déficit de 2015, una situación que asegura que ha sido tenida en cuenta en la evaluación de la acción efectiva de otros países.
"No dar la debida consideración a la inflación negativa (...) equivaldría a penalizar a los países más comprometidos con las reformas estructurales exigidas por el marco de la gobernanza de la UE", dice el texto, que añade que el esfuerzo fiscal estructural realizado en el periodo 2012-2015 sube de 4,1 a 5 puntos porcentuales del PIB si se tiene en cuenta la inflación.
Al respecto, insiste en que el esfuerzo estructural en el caso de España está subestimado por cuestiones metodológicas y que la desviación del objetivo de déficit en 2015 se explica en parte por el efecto de la inflación y no solo por la reforma fiscal, de la que asegura que es esencial para aumentar el crecimiento potencial, a pesar de su impacto negativo sobre la recaudación a corto plazo.
