El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han acusado al sector financiero del desempleo que existe en España, porque asumió elevados riesgos en el sector inmobiliario.
Durante el curso "El nuevo sistema financiero, las nuevas infraestructuras y el nuevo mercado laboral" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Gómez achacó la tasa de paro de forma casi exclusiva al "desplome" de la construcción.
Y es que, recordó, 3 de cada 4 parados, corresponden a este sector o a aquellos relacionados con él.
Aunque el ministro reconoció que las instituciones laborales españolas no son las mejores "del mundo", insistió en que no son las causantes del desempleo.
La razón, dijo, está más relacionada con el comportamiento del sector financiero español y la asunción de riesgos "innecesarios e inadmisibles" en el sector de la construcción.
Toxo coincidió con el ministro, aunque también culpó a los diferentes gobiernos y al Banco de España, porque deberían conocer lo que se generaba en torno al sector inmobiliario y no tomaron medidas.
Méndez consideró una "evidencia" que fue el sector financiero el que propició la burbuja inmobiliaria y reprochó al Ejecutivo no haber abordado su reforma antes que las del mercado laboral.
El ministro y los interlocutores sociales coincidieron en la necesidad de reformas y se refirieron especialmente a la última aprobada por el Gobierno, la de la negociación colectiva, en la que mantienen sus diferencias.
NEGOCIACION COLECTIVA
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, consideró que la reforma de los convenios no ha reflejado la realidad de las negociaciones entre patronal y sindicatos, y añadió que aunque se pueda mejorar a su paso por el Congreso, será difícil arreglar algo que está mal hecho desde el principio.
Rosell dijo que la época de los salarios fijos ha terminado y que en el futuro el sueldo debe ligarse a la productividad y a conceptos variables, entre los que citó el absentismo laboral, que el empresario podría repercutir en los sueldos.
Aunque el ministro de Trabajo insistió en el equilibrio del texto del decreto ley, para Méndez la reforma es desequilibrada y contempla que la flexibilidad interna de las empresas va más allá de lo que se habló en la mesa de negociación.
En opinión de Toxo, la reforma puede terminar deteriorando las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de los trabajadores de las pymes, que son las que se amparan en el convenio sectorial.
Además se adentra "peligrosamente" en un terrero inconstitucional, según todos los expertos, que es la obligatoriedad del arbitraje, señaló.
Ambos sindicatos pidieron a los grupos políticos que antes de decidir los cambios del texto en el Congreso valoren la situación en la que pueden quedar los trabajadores.
Para modificar el contenido de la reforma laboral, que se complementa con la de los convenios, CCOO y UGT anunciaron que fruto de la iniciativa legislativa popular que promovieron, presentarán un millón de firmas en el Congreso el día 16.
Durante la jornada, el ministro de Trabajo también habló del informe que los expertos han presentado sobre la posibilidad de aplicar el "modelo austríaco" en España, es decir, la creación de un fondo para el despido.
Según Gómez, ello supondría aumentar las cotizaciones sociales de las empresas en torno al 1,5 % y, si los empresarios no quieren subirlas, se podría utilizar una parte del excedente del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) "sabiendo que ese excedente no dura para siempre", por lo que en unos 4 o 5 años habrá que hacer una dotación superior al 0,2 % actual.
