El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha eludido responsabilidades en la quiebra del Banco Popular, ya que ha defendido que la institución que dirige ni era supervisor de esta entidad ni tampoco tuvo poder en la decisión de venderlo al Banco Santander por un euro.
Durante su intervención ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad para explicar el Informe Anual 2016 de la institución, Linde ha recordado que desde noviembre de 2014 el Banco de España no es supervisor de las entidades financieras "significativas", cuyo supervisor es el Banco Central Europeo (BCE), del que depende el Mecanismo Unico de Resolución (MUR). Asimismo, tampoco es "autoridad de resolución", competencia que corresponde a la Junta Unica de Resolución, en la que, ha apostillado, el Banco de España "ni siquiera participa en esas reuniones, más que como observador".
"En el proceso de resolución, el Banco de España no participó porque no es su competencia. Participó en este procedimiento de dos formas: en el suministro de liquidez de emergencia y en la aceptación de que el Banco Santander adquiriera una participación significativa, en este caso su totalidad, del Popular", ha explicado.
NO PODÍA OPONERSE A SU AMPLIACIÓN DE CAPITAL
Respecto a la asunción de responsabilidades, ante las críticas vertidas por el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos sobre el fallo de los organismos reguladores, Linde ha esgrimido que el Banco de España tampoco tenía capacidad para actuar en la última ampliación de capital del Popular de mayo de 2016, por importe de 2.500 millones.
Así, ha señalado que estas operaciones no están sujetas a la autorización de su institución, ya que en 2014 se modificó la legislación que contemplaba un "trámite de no oposición" a las ampliaciones de capital. En todo caso, Linde ha señalado que, en el momento en el que el Popular acudió a la ampliación de capital "no había razón para pensar que iba a existir una crisis de liquidez como la que se dio".
El gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirmó este martes que "la reducción de las diferencias entre los distintos tipos de contrato contribuiría a favorecer el avance de la productividad". Así lo señaló durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados, a la que acudió para presentar el Informe Anual del Banco de España correspondiente al ejercicio 2016.
El responsable del organismo supervisor subrayó que "hay aspectos de la regulación laboral que influyen en el débil crecimiento de la productividad" y destacó que "la vinculación de los aumentos salariales a nivel de empresa con la evolución de la productividad sigue siendo muy reducida".
Linde también señaló que "sería deseable" revisar "ciertos elementos regulatorios" existentes en la industria del transporte, la energía, las telecomunicaciones o los servicios profesionales, ya que "hay aspectos que influyen en el débil crecimiento de la productividad".
Por otra parte, se refirió a los ingresos tributarios y aseguró que "debería considerarse una revisión de la composición de figuras impositivas" para obtener la recaudación "necesaria del modo más estable y eficiente posible". En este sentido, explicó que España destaca en el entorno europeo por presentar un peso de los ingresos tributarios sobre el PIB "relativamente reducido" por los impuestos indirectos, y particularmente los medioambientales y especiales.
