Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la economía sumergida ha subido en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta representar el 24,6% del PIB español en 2012. De esta manera, la economía sumergida supone más de 253.000 millones de euros, según un informe realizado por Gestha y la Universitat Rovira i Virgili, presentado este miércoles en rueda de prensa.
El informe recoge la evolución de la economía sumergida, que desde 2008 no ha dejado de crecer en España, al pasar de 193.626 millones (17,8% del PIB) ese año hasta los citados 253.135 millones de 2012 (24,6%).
Para la realización del estudio se analizan las variables que influyen directa e indirectamente en la economía sumergida, como el paro, la evolución del mercado inmobiliario, la renta per cápita, el PIB o el consumo eléctrico, entre otros.
Por comunidades, la que presenta una mayor tasa de economía sumergida es Extremadura (con un 31,1% del su PIB), seguida de Andalucía (29,2%), Castilla-La Mancha (29,1%) y Canarias (27,9%).
Por el contrario, las tasas más baja se localizan en Madrid (17,3%), Cantabria (22%), Aragón (22,3%) y La Rioja (24,1%).
En el estudio se llama la atención sobre el "peculiar" caso de Madrid, con una tasa "llamativamente baja". Este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta comunidad mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.
"MIRAN PARA OTRO LADO"
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, denunció que "los gobiernos miran para otro lado" en la economía sumergida, para lamentar la "clara falta de voluntad política para enfrentarse a este problema y luchar contra el fraude".
En este sentido, señaló que los "innumerables" casos de corrupción que se están conociendo en los últimos años hace que se genere una sensación de "cultura permisiva con el fraude, y eso no va en la mejora de la conciencia fiscal de los ciudadanos".
Cruzado indicó que los "grandes detonantes" del fraude son cuatro: la situación del mercado laboral, pues "siempre que hay un pico de paro sube inmediatamente la economía sumergida"; la resaca del "boom inmobiliario", con un uso mayor del deseable de billetes de 500 euros; la corrupción; y la subida de impuestos.
Por otra parte, el responsable de los Técnicos de Hacienda señalaron que los profesionales del colectivo "tenemos las manos atadas en la lucha contra el fraude". Así, los responsables de Gestha prevén que la economía sumergida siga en aumento por la "ineficacia" de las administraciones en la lucha contra la misma.
En el estudio se hace referencia al "nivel deseable de economía sumergida", ya que un "cero por ciento es imposible de conseguir", destaca Cruzado. En concreto, se destaca la necesidad de reducir la tasa en, al menos, diez puntos.
MORALIDAD
Jordi Sardà, profesor universitario y director del informe, apuntó que el fraude está "extendido en la moralidad española", porque parece que "no está mal visto que no se paguen impuestos".
El profesor universitario apostó por "concienciar" y dar ejemplo, y criticó que políticos a los que se pillado conduciendo con altas tasas de alcoholemia han dimitido y otros que defrauda "no lo hacen". "Parece que es un delito de segunda categoría" el fraude, subrayó.
Por su parte, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, explicó que las consecuencias económicas y sociales de esta situación son "más impuestos y más recorte". "Si la tasa no fuera tan elevada, las políticas económicas y de austeridad no hubieran sido tan drásticas y habríamos tenido unos menores costes sociales", añadió.
PROPUESTAS
En todo caso, los Técnicos del Ministerio de Hacienda creen que es posible cambiar la tendencia al alza en la evolución de la economía sumergida y proponen una batería de medidas.
En primer lugar, es necesario conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales, lo que ayudaría a poner el foco en las actividades que más pueden aflorar dinero negro.
Además, reclaman más recursos para la Agencia Tributaria y dotar de más autonomía a los técnicos en su día a día. Por otra parte, apuestan por reducir de 2.500 a 1.000 euros por operación el límite a los pagos con efectivo.
