La Asamblea Nacional Constituyente conformada exclusivamente por chavistas aprobó hoy la creación de una "comisión de la verdad" para establecer responsabilidades en los hechos de "violencia política" que se han producido en Venezuela desde 1999 hasta ahora. "La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública circunscribirá su ejercicio a los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia", explicó la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez.
La creación de esta comisión fue encargada personalmente por el presidente del país, Nicolás Maduro, que ha adelantado que algunos de los líderes opositores que han convocado manifestaciones contra el Gobierno en los últimos meses irán a la cárcel, al considerarlos responsables de los disturbios en que han desembocado estas marchas.
La ley con la que se pone en marcha la comisión exige el deber de colaborar con este ente y someterse a sus decisiones a todas las personas e instituciones venezolanas, y quien no lo cumpla será castigado por las leyes penales. La comisión se ocupará de actos como la difusión de contenidos que inciten a la "violencia" y el "odio", y de comportamientos que hayan afectado "a la vida e integridad personal (...) física, psíquica o moral", a "la libertad personal", la "tranquilidad" y el "patrimonio" públicos, así como al "sistema socioeconómico nacional".
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, denunció ayer como un atropello a los derechos humanos la creación de esta comisión al considerar inaceptable que un órgano político se atribuya funciones judiciales.
El presidente Maduro, la propia Delcy Rodríguez y el también constituyente Diosdado Cabello, una de las figuras con más poder dentro del chavismo gobernante, han impulsado la comisión de la verdad para acabar con la "impunidad" en el país, que ha vivido desde el 1 de abril una ola de multitudinarias protestas contra el Gobierno. Muchas de estas manifestaciones han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, y se han saldado con enfrentamientos entre manifestantes y agentes y otros hechos violentos que han provocado la muerte de más de 120 personas.
Pese a llevar menos de una semana funcionando, la Constituyente ya ha destituido de su puesto a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a quien el oficialismo ha acusado de "complicidad" con la violencia en las protestas desde que la titular del Ministerio Público recriminara a Maduro tendencias dictatoriales.
LOS 17 PAÍSES DE AMÉRICA Y EL CARIBE: VENEZUELA YA NO ES UNA DEMOCRACIA
Los 17 países de América y el Caribe reunidos en Lima para tratar la situación de Venezuela reafirmaron su opinión común de que esa nación "ya no es una democracia" y que "los actos que emanen" de su Asamblea Constituyente "son ilegítimos". Esas fueron dos de las conclusiones expresadas en la denominada declaración de Lima, difundida por los cancilleres nada más terminar la reunión que mantuvieron a lo largo de todo el día de hoy y que incluyó el reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente elegido en Venezuela, el rechazo a la violencia y una condena a la violación de los derechos humanos cometidos en el país.
La declaración fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, quien no dudó en afirmar ante los medios presentes que "lo ocurrido en Venezuela" en los últimos días "es un quiebre decisivo" en la situación política y que "lo que tenemos ahora es que Venezuela es una dictadura".
"Básicamente la declaración es un acuerdo sobre el hecho de que en Venezuela se ha roto el orden democrático, y restablecer ese orden, pasa por revertir la Asamblea Constituyente", afirmó Luna. La Declaración de Lima, en su "pleno respaldo y solidaridad" con la Asamblea Nacional "democráticamente electa", señaló que todos los actos jurídicos que conforme a la Constitución venezolana vigente "requieran autorización" de la misma, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea "los haya aprobado".
Además, también expresó "su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela" y exigió la "aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos". Los cancilleres también condenaron "la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión, y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente".
El documento también resaltó que en Venezuela no se cumplen los "requisitos y obligaciones" de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respaldaron la decisión de "continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela".
