Los fiscales que inspeccionaron la sede de la aerolínea boliviana Lamia en Santa Cruz han detenido a su director general, Gustavo Vargas Gamboa, y confiscaron documentos y ordenadores dentro de su investigación sobre la responsabilidad de la empresa en el accidente que causó 71 muertos en Colombia, entre ellos los miembros del club del fútbol del Chapecoense, un accidente que conmocionó a todo el país.
Los fiscales detuvieron a Vargas en la oficina de Lamia y lo trasladaron a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, según constató Efe en esa ciudad. Vargas Gamboa es un exmilitar de la Fuerza Aérea Boliviana que entre 2001 y 2007 fue el piloto de varios presidentes de Bolivia, incluido el actual mandatario, Evo Morales.
UNA SECRETARIA Y OTRO EMPLEADO
Además de Vargas, también fueron detenidos una secretaria y un empleado técnico de la compañía, también conducidos a la Fiscalía. Vargas es el padre de Gustavo Vargas Villegas, hasta la semana pasada uno de los altos funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y que fue suspendido de sus funciones debido a la investigación sobre el funcionamiento de la línea aérea.
Los fiscales ordenaron las detenciones tras haber estado varias horas revisando la documentación y los ordenadores de la compañía, material que fue confiscado y trasladado en dos camionetas a la sede de la Fiscalía cruceña.
Las detenciones se producen en la víspera de una reunión en Santa Cruz de fiscales de Bolivia, Brasil y Colombia que investigan la tragedia del accidente de Lamia, en el que murió casi toda la plantilla del equipo brasileño Chapecoense al estrellarse el avión de la aerolínea el pasado 28 de noviembre cerca de Medellín.
El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, dijo hoy que la investigación en su país sobre el accidente del avión de Lamia está abierta en principio por un delito de incumplimiento de deberes, pero que "seguramente puede llegarse hasta un delito de homicidio culposo" contra los responsables.
Horas antes, los fiscales bolivianos también inspeccionaron las oficinas de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) en el aeropuerto internacional de Viru Viru, de Santa Cruz.
En concreto fue registrada la oficina de la funcionaria Celia Castedo, que cuestionó el plan de vuelo del avión de Lamia antes del accidente en Colombia. La Fiscalía denunció el viernes a Castedo por no informar a tiempo sus observaciones al plan de vuelo de la aerolínea.
La principal observación de la funcionaria de AASANA fue que el tiempo de vuelo previsto entre Santa Cruz y Medellín era el mismo registrado para la autonomía de combustible que tenía el avión.
Castedo salió el lunes de Bolivia hacia territorio brasileño por la ciudad de Corumbá y pasó todo el día en negociaciones con su abogado y miembros de la Procuraduría General de la República de Brasil, que la trasladaron en la noche a la comisaría de la Policía Federal para que presentara una petición de refugio.
El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Carlos Romero, señaló hoy que Castedo salió del país ilegalmente, por lo que su estancia en Brasil también sería ilegal. Según la autoridad, la salida de Castedo de Bolivia es "un claro accionar dirigido a eludir la acción de la justicia", por lo que, a su juicio, lo que corresponde es su expulsión de Brasil.
EL PILOTO ESTABA PROCESADO
Poco a poco van conociéndose más detalles sobre el accidente del avión de Lamia que se estrelló cerca de Medellín con la plantilla del Chapecoense en su interior. 71 personas fallecieron y solo seis lograron sobrevivir. Entre los fallecidos está Miguel Quiroga, piloto del aparato, y que, según el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, estaba procesado y tenía una orden de arresto en Bolivia.
"El capitán Quiroga, que fue piloto del avión que se accidentó, tenía un juicio con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), incluso contaba con un mandamiento de apremio", explicó el ministro boliviano de Defensa, Reymi Ferreira, según la agencia estatal ABI.
Ferreira indicó que Quiroga y otros cuatro militares abandonaron la entidad y fueron procesados por esa razón, pero evitaron ser detenidos presentando recursos legales de amparo constitucional. "Recibieron una formación profesional, en la que el Estado invierte (...) y, de pronto, a media carrera en lugar de cumplir con el acuerdo y volcar esos conocimientos y destrezas a favor de la FAB y el Estado prefieren renunciar", detalló.
