Los 6.874 trabajadores de la Justicia madrileña verán incrementado su sueldo hasta 120 euros mensuales de aquí a 2019 y reducirán su jornada laboral a 5,5 horas diarias desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre -aunque recuperarán las horas durante el año-, gracias al acuerdo sectorial firmado con la Comunidad.
La presidenta, Cristina Cifuentes, ha rubricado hoy el acuerdo -el primero que se firma con este sector desde 2009- junto a los representantes de los sindicatos UGT, CCOO, STAJ y CSI-F, quienes han valorado la voluntad dialogante del Gobierno y han celebrado este "primer paso", aunque ha recordado que quedan muchas reivindicaciones por atender.
Entre otras medidas, el acuerdo contempla incrementar la retribución en 120 euros mensuales, 45 de los cuales se harán efectivos este año, con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero; 90 euros mensuales en el 2018, hasta llegar a los 120 más al mes en el año 2019, lo que supondrá un coste de 21 millones de euros y beneficiará a los 6.784 trabajadores entre funcionarios de carrera, interinos y personal de refuerzo.
Cifuentes ha garantizado que, a diferencia del acuerdo de 2009, éste sí se va a cumplir, y ha insistido en que supone "un gran avance en las condiciones de empleo" de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, en la que admite que hay que destinar más recursos humanos, técnicos y de infraestructuras, para garantizar "la seguridad jurídica de todos".
En el acuerdo se contemplan mejoras en materia de personal, como la creación de una Comisión de Seguimiento sobre provisión de puestos de trabajo, el compromiso de cubrir vacantes mediante su inclusión en la Oferta de Empleo Público, el nombramiento de funcionarios interinos y la consolidación de los refuerzos de plantilla.
SIETE MESES DE NEGOCIACIÓN
Siete meses y catorce reuniones de negociación han permitido firmar este Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Comunidad al servicio de la Administración de Justicia, un servicio público "esencial", según la presidenta, puesto que para ser efectiva la Justicia "tiene que ser accesible a todos, ágil y eficaz".
Un pacto que sustituye al anterior de 2009-2011, que según Cifuentes "por diversas circunstancias no se aplicó", y que "va a incidir de manera muy directa en un aumento de la calidad del servicio que se presta", porque éste acuerdo sí "se va a cumplir".
Alberto García Salas, portavoz de STAJ Madrid, cree que este acuerdo marca "el camino que hay que seguir" para consensuar soluciones a los problemas que quedan pendientes, y para ello ha demandado una inversión "continuada y creciente".
Desde CCOO Montserrat Miravet ha expresado su temor a que este acuerdo no llegue a cumplirse, "como los anteriores", y por eso ha emplazado al Gobierno a que elabore "a la mayor brevedad" un calendario para seguir negociando las cuestiones que quedan pendientes, "que son muchas", y no todas se resuelven con más dinero, sino con "voluntad".
Santiago Tamame, en nombre de UGT Madrid, se ha mostrado convencido de que este pacto va a contribuir a agilizar el servicio de la Justicia, ha confiado en que ayude a estabilizar las plantillas y acabar con la temporalidad, y ha incidido en que es "un buen punto de partida para continuar negociando y dando solución a los graves problemas" del sector en la región.
En similares términos el representante de CSI-F, Manuel González, ha asegurado que con este Gobierno "se están haciendo las cosas bien" y se avanzar para recuperar "algunos derechos perdidos", aunque ha advertido de que la administración de Justicia "está herida de muerte" y "queda mucho trabajo para revertir una situación tan crítica". "No creo que la Justicia esté herida de muerte, porque eso sería presagiar su fin. La Justicia está diagnosticada y está siendo tratada con los remedios necesarios para conseguir los objetivos que todos compartidos", le ha respondido Cifuentes, que ha recordado que su Gobierno ha implementado un plan de mejora de infraestructuras judiciales de 7 millones de euros, y está destinando "más medios materiales, personal y recursos" para mejorar las condiciones de sus trabajadores."Vamos a seguir haciéndolo, porque somos conscientes de que queda mucho por hacer y que la inversión en la Justicia es una buena inversión, y muy necesaria", ha reiterado.
Una vez firmado por Gobierno y sindicatos, ahora el acuerdo deberá tener el visto bueno de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, para su adopción y posterior elevación al Consejo de Gobierno quien deberá aprobarlo de manera expresa.
