La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este martes la tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente el impuesto al gran patrimonio, después de que el Tribunal Constitucional lo avalara por siete votos a favor y cuatro en contra, rechazando así el recurso que había presentado la propia Ayuso.
Así lo avanzó a los medios de comunicación tras participar en la presentación oficial de la exposición 'El Muro de Berlín. Un mundo dividido', que se abre al público el 9 de noviembre coincidiendo con el 34º aniversario de su caída.
"No vamos a quedarnos parados y lo que vamos a hacer es tramitar de urgencia una reforma legislativa, una nueva ley que llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se quede en las arcas madrileñas", indicó.
Así, explicó que el Gobierno madrileño lo hará "lo antes posible" para que esa recaudación "quede en manos del contribuyente madrileño y, de esta manera, se lo podamos devolver al mismo”. Insistió en que los madrileños "votaron en las últimas elecciones una baja fiscalidad".
Ayuso criticó que "es un impuesto que se recauda el 90% en Madrid", por lo que "va contra el patrimonio, el trabajo y el esfuerzo del contribuyente madrileño". "Lo que me sorprende es que le den tanta independencia a algunas comunes autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad", concluyó.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) avaló este martes el impuesto a las grandes fortunas por siete votos a favor y cuatro en contra, rechazando así el recurso que había presentado Ayuso. La sentencia considera que este impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal y que el Gobierno central tiene potestad para legislar sin que sus normas se entiendan como una interferencia en las competencias de las comunidades autónomas.
El recurso de Ayuso criticaba la aprobación de esta norma a través de una enmienda incluida en un proyecto de ley ajeno a las leyes tributarias, lo que, en la práctica, impidió el debate parlamentario de la misma. Además, el Ejecutivo madrileño esgrimía que el nuevo tributo invade su autonomía política y financiera, además de vulnerar los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad.
