El Consejo de Administración de Madrid Calle 30 ha penalizado a EMESA, socio privado de la sociedad mixta, con 995.000 euros por falta de cumplimiento de distintos compromisos contractuales relacionados con la instalación de una red wifi, de otra red de comunicaciones y de servicios de mantenimiento.
Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de noviembre el mismo órgano abrió seis expedientes de penalidades, tras los cuales se inició el plazo para la presentación de informes y alegaciones que ha concluido esta semana en tres de los expedientes.
En la primera resolución se hace referencia a carencias de inspección, mantenimiento e inventariado de los apoyos del bypass. En el contrato modificado de 2007 se incluyó una partida para la inspección especial y mantenimiento de esas instalaciones por la que el Ayuntamiento ha abonado más de 3 millones de euros. No se ha detectado ningún riesgo de seguridad, pero sí un incumplimiento de contrato.
La segunda resolución se refiere a la falta de instalación de la red wifi en la totalidad del anillo que estaba incluida en el contrato inicial. "Este servicio de mejora sería beneficioso para trabajadores y usuarios, pero no se ha prestado", han explicado desde el Consistorio.
Por último, en la tercera resolución se apunta a la falta de instalación de una red de comunicación PDH que mejoraría el sistema de gestión de comunicaciones entre las instalaciones de la infraestructura y el centro de control.
La totalidad de las penalidades asciende a 995.000 euros correspondientes a los 375.000 euros, 320.000 euros y 300.000 euros de cada una, como adelantó este jueves 'eldiario.es'.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó la creación de una comisión de investigación acerca del modelo de gestión de Madrid Calle 30. La primera sesión de trabajo a la que serán llamados a comparecer cargos políticos, técnicos y representantes de la sociedad civil tendrá lugar el próximo mes de junio.
Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80 por ciento del capital, y por EMESA, que cuenta con el 20 por ciento restante. La compañía privada está formada por Ferrovial Servicios SA, Dragados SA y API Conservación S.A.
