El Consejo de Gobierno ha aprobado una ampliación del gasto de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de 26,4 millones de euros, que se suma a los otros 120 millones que se habían destinado ya hasta el mes de septiembre.
De esta manera, la Comunidad de Madrid invertirá este año hasta 146,4 millones de euros para las personas que están en situación de especial vulnerabilidad de la región, una prioridad para el Gobierno regional, ha informado el consejero de Presidencia y Justicia, Angel Garrido, en rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.
La Renta Mínima de Inserción se concede a toda persona para poder afrontar las necesidades básicas de la vida durante el tiempo que sea necesario y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley, como carecer de ingresos, tener un patrimonio inferior a los 13.519,80 euros en el caso de una persona que viva sola (la vivienda habitual no se computa), contar con residencia legal en la Comunidad de Madrid y estar empadronado en algún municipio de la región con una antigüedad de, al menos, 12 meses.
En la Comunidad, la Renta Mínima de Inserción no es una prestación económica pasiva, sino que contempla la realización de proyectos de inserción sociolaboral para facilitar el acceso al mercado de trabajo y la consiguiente autonomía económica.
Desde la entrada en vigor de la Renta Mínima de Inserción en el año 2002, el 50 por ciento de los perceptores ha dejado de recibirla al mejorar su situación laboral. También, los proyectos de inserción sociolaboral puestos en marcha por la Comunidad han logrado que más de 24.000 personas encuentren un trabajo en este tiempo.
La cuantía de la Renta Mínima de Inserción se establece en función del número de miembros de la unidad familiar, abarcando desde 400 euros para una sola persona hasta un tope de 655 euros para familias de tres o más miembros. En total, han recibido esta prestación más de 59.053 familias.
Precisamente, en la línea de trabajo para luchar contra la exclusión social, el Consejo de Gobierno acaba de aprobar la Estrategia Madrileña de Inclusión Social 2016-2021, que cuenta con 135 medidas y 2.866 millones de presupuesto.
A través de esta estrategia se pretende mejorar y reforzar los plazos de adjudicación y requisitos para poder optar a la Renta Mínima de Inserción (RMI), de forma que no quede nadie en la región en situación de exclusión o en riesgo de estarlo sin que reciba la ayuda de la administración.
LOS VEHÍCULOS DE ALQUILER CON CONDUCTOR DEBERAN LLEVAR DISTITIVOS IDENTIFICATIVOS PARA IMPEDIR EL INTRUSISMO
Además el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un Decreto que obliga a que los vehículos de alquiler con conductor (VTC) lleven un distintivo identificativo desde enero de 2017, ha afirmado este martes el consejero de Presidencia y Justicia, Angel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
En la actualidad existen en la región 1.932 autorizaciones para este tipo de transporte y esta medida "tiene como objetivo reforzar las acciones llevadas a cabo en el último año contra la competencia desleal y el intrusismo profesional en el sector del taxi, incluyendo a la propia actividad del arrendamiento de vehículos con conductor".
Con el objetivo de facilitar el control de estos vehículos, el Gobierno regional establecerá distintivos identificativos para aquéllos cuya autorización esté residenciada en la Comunidad de Madrid, lo que permitirá evitar posibles situaciones de fraude. Los vehículos de arrendamiento con conductor VTC (con residencia en la Comunidad de Madrid), llevarán dos distintivos que los identifiquen como vehículo de la región de Madrid.
Estos deberán colocarse en la parte superior derecha de la luna delantera y en la parte inferior izquierda de la luna trasera, respectivamente, de forma que resulten visibles desde el exterior sin interferir, en ninguno de los casos, la visibilidad del conductor. No llevar el distintivo podrá ser motivo de sanción acorde a la normativa en vigor.
Gracias a esta modificación, ahora ya se pueden inmovilizar los vehículos infractores desde el mismo momento en el que sean detectados, incluso cuando la persona responsable tenga su residencia en España, ya que las leyes estatales solo permitían la inmovilización y retirada del vehículo para infractores extranjeros. Las sanciones para este tipo de irregularidades ascienden a 4.001 euros.
La iniciativa cuenta con el consenso de las asociaciones de vehículos dedicados al Arrendamiento de Vehículos con Conductor (VTC) y asociaciones de Taxis del Comité Madrileño de Transporte por Carretera.
La medida se suma a la modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, aprobada por el Gobierno regional a principios de 2016 y que pretende, a su vez, perseguir de manera efectiva a aquellos servicios de transporte urbano que no cuenten con la preceptiva licencia municipal y luchar contra la competencia desleal y el intrusismo en el sector del taxi.
REUNIÓN CON BLABLACAR
La Comunidad de Madrid se reúne este miércoles con BlaBlaCar para hablar de las 5 sanciones impuestas a la empresa en la región, ha informado el consejero de Presidencia y Justicia, Angel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Garrido ha explicado que la Comunidad ha tramitado cinco expedientes sancionadores, ya que se ofrece un "transporte colaborativo que se puede convertir a veces en transporte público en toda regla y se necesita contar con servicios pertinentes de los que no dispone en ningún caso esta compañía".
En concreto, se ha multado a conductores que han actuado con carácter lucrativo y a BlaBlaCar, por "ofrecer un tipo de servicios no estrictamente colaborativo" y por "falta in vigilando" a las personas incluidas en este transporte.
Están dispuestos a escuchar las alegaciones, ha señalado, para añadir que este miércoles hay prevista una reunión entre el consejero de Transportes, Pedro Rollán, y responsables de la empresa para aclarar cualquier circunstancia.
Desde la Comunidad, ha señalado Garrido, defienden los intereses de aquellos que tienen la licencia oportuna para operar como transporte público y al mismo apuestan por el transporte colaborativo, pero ha remarcado que son "conceptos diferentes encuadrados legalmente de forma distinta".
