Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 12 y 18 de Madrid han declarado nulas las resoluciones del director general de la Policía Municipal que desmantelaron las Unidades Centrales de Seguridad (Uces), los antidisturbios de la capital, en febrero y abril del año pasado.
Según ha indicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ambos juzgados han estimado "parcialmente" los recursos que este sindicato interpuso, en representación de 12 agentes, contra la decisión del Gobierno de Manuela Carmena de "cesar" a los 78 agentes de la unidad 1 y adscribirlos a otras dependencias modificando "unilateralmente" la relación de puestos de trabajo.
Desde el área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid han dicho a Efe que estas resoluciones no cambian "nada" con respecto al desmantelamiento de las unidades policiales, y han anunciado que recurrirán parcialmente la sentencia para demostrar que sí hubo negociación con los sindicatos."Se estableció un diálogo aunque no hubo acuerdo", han dicho explicado estas fuentes, que aseguran además que "no cambia para nada el proceso y sigue todo igual".
Una de las sentencias, la del juzgado 18, abre la puerta a reclamar las cantidades no percibidas por los agentes por su cese en las UCEs y su complemento específico en la unidad antidisturbios "si sus condiciones económicas o de otro orden profesional hubieran disminuido", según ha indicado el sindicato en un comunicado.
Este criterio no es compartido por el juzgado 12, que vincula los complementos retributivos con el destino, si cambia el puesto de trabajo varían las condiciones. El magistrado del juzgado 18 indica asimismo que no se puede reponer a los agentes en su anterior puesto, dado que la unidad ya no existe, y sólo queda compensar con "derechos funcionariales" y económicos.
El Ayuntamiento no realizó con su actuación una desviación de poder, pero "la legítima potestad de autoorganización" del Consistorio ha sido "indebidamente utilizada en el presente supuesto, lo que debe reforzar la anulación de la actuación administrativa impugnada en esta causa", asegura la sentencia.
A juicio de este juzgado, la adscripción de los agentes a otro departamentos se hizo "de una forma precipitada sin contar con informes preceptivos suficientes, lo que constituye una irregularidad procedimental".
Para el juzgado número 12, hay "arbitrariedad" en la decisión adoptada "al prescindir de negociar con las organizaciones sindicales", porque pese a que el Ayuntamiento puede autoorganizarse, las modificaciones de las condiciones laborales deben ser "objetivo de preceptiva negociación" de acuerdo al Estatuto Básico del Empleado Público.
Un total de 135 trabajadores vieron perjudicados, suprimidos o restringidos sus derechos laborales con el desmantelamiento de las UCEs según CSIF, que cifra en 340 euros al mes la cantidad que dejaron de percibir los agentes.
Las UCEs estaban especializadas en el mantenimiento general de la seguridad ciudadana, aseguramiento de espacios públicos, control de masas, graves catástrofes públicas y situación de alerta policial, añade el sindicato.
Seis agentes de la Policía Municipal tienen abiertos desde abril expedientes sancionadores en su contra por cometer "dos faltas graves" en una protesta contra el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, por el desmantelamiento de estas unidades el 16 de febrero de 2016, cuando algunas personas insultaron al concejal de Ahora Madrid y golpearon su coche.
