La Federación Profesional del Taxi ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid por un presunto delito ecológico y posible prevaricación por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid liderado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la asociación del taxi, mayoritaria en la capital, denuncia la "flagrante violación" de la ordenanza de movilidad sostenible del año 2018 por parte de "cientos" de vehículos de alquiler con conductor (VTC), ante la "pasividad" del Ayuntamiento de Madrid.
La ordenanza de movilidad sostenible prohíbe que vehículos adscritos al servicio de taxi o a un VTC con posterioridad al 24 de octubre de 2018 circulen por Madrid si no están calificados con el distintivo ambiental de cero emisiones o ECO.
VTC ni CERO ni ECO
En marzo del año 2020, la Federación Profesional del Taxi identificó a aquellas empresas de VTC que habían adscrito un vehículo sin el distintivo ambiental pertinente y puso estos datos en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid, pero la Corporación "no hizo nada para remediarlo".
La asociación precisa en que, entre el 10 de agosto y el 14 de septiembre de 2020, en temporada estival, el Consistorio madrileño llevó a cabo una campaña de control del cumplimiento de la ordenanza de movilidad sostenible, que se limitó a la almendra central de Madrid -Gran Vía, Atocha y San Bernardo.
Para la Federación Profesional del Taxi, una muestra de la "ineficacia" de esa campaña de inspección es que solamente se impusieron multas a 47 vehículos que circulaban sin el distintivo ambiental exigido, por un importe de 90 euros, que se reducen a 45 euros por pronto pago.
En octubre del año 2020, la asociación comunicó al Ayuntamiento de Madrid que, de las 5.160 autorizaciones de VTC que fueron autorizadas después de la entrada en vigor de la ordenanza de movilidad sostenible, 1.914 fueron adscritas a un vehículo sin el distintivo ambiental, pero el Consistorio "nuevamente no hizo nada".
Para esta entidad, la "inacción" del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, es presuntamente constitutiva de un delito ecológico y de un delito de prevaricación agravada.
La Federación Profesional del Taxi solicita a la Fiscalía Provincial de Madrid la apertura de investigación para esclarecer los hechos denunciados y la determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar.