La Fiscalía de Madrid ha pedido que se archive, al no apreciar delito, la querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto.
La fiscal ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que se opone a la querella, según el criterio dictado ayer miércoles por la Junta de Fiscales de Sala, que avaló la decisión de la número dos del Ministerio Público de pedir el archivo.
En el escrito, la Fiscalía argumenta que la publicación de la nota de prensa que dio pie a la querella "se limitó a proporcionar información veraz a la opinión pública sin desvelar datos, hechos o documentos que no hubiesen sido ya difundidos en diferentes medios de comunicación y ante la demanda de corroboración de las noticias publicadas" y "carece de relevancia jurídico penal como para proceder a la apertura de un procedimiento penal".
"La apertura de un procedimiento penal (...) supondría la apertura de una investigación criminal de todo punto prospectiva, vedada por nuestro ordenamiento jurídico", añade.
La reunión de la Junta, cuyo criterio no es vinculante, avaló por mayoría la postura de la número dos, María Ángeles Sánchez Conde, frente a la de la fiscal María de la O Silva, que es la que debía informar sobre la admisión o no de la querella presentada por la pareja de Ayuso, y quien había argumentado que quería practicar diligencias antes de redactar su informe.
Recientemente, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, asumía la responsabilidad de haber ordenado publicar esas notas, origen de la polémica.
Por otra parte, el magistrado Jaime Serret, instruye una investigación paralela sobre la denuncia del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por la filtración de datos sobre la investigación por presunto delito fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cree que hay indicios de delito en estos hechos y pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que los investigue.
Serret entiende que hay “indicios” de delito pero considera que los hechos afectan a dos fiscales, que tienen la condición de aforados, y por tanto remite exposición razonada al TSJM para que se haga cargo de la investigación.