La Fiscalía pide archivar la investigación a los dos fiscales acusados en el caso del novio de Ayuso
- El Ministerio Público defiende que se limitó a "desmentir infundios" y pide que declare González Amador
- Solicita que se identifique a los empleados del despacho del abogado de González Amador y a los trabajadores de la Agencia Tributaria que tuvieron acceso a los correos
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que archive la causa que investiga si el Ministerio Público incurrió en revelación de secretos al emitir un comunicado en el que desmentía informaciones sobre un posible acuerdo en el caso del fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Por si esa petición resulta rechazada, la Fiscalía solicita que González Amador declare para explicar qué personas tuvieron acceso a la información sobre el pacto que su abogado ofreció al Ministerio Público.
El comunicado de la Fiscalía desmentía que la oferta de pacto partiera de sus despachos y mostraba que fue el defensor del empresario el que se dirigió al fiscal para ofrecerle un acuerdo en el que reconocía dos delitos fiscales a cambio de eludir la pena de prisión.
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El fiscal Francisco Javier Montero rechaza que se produjera un delito de revelación de secretos, por el que González Amador se ha querellado contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto, e insiste en que la nota de prensa sólo pretendía "desmentir los infundios publicados".
Insiste el fiscal en que, de no atenderse la petición de archivo, el instructor tome declaración como testigos tanto a González Amador como a su abogado, Carlos Neira. El objetivo es conocer a qué personas enviaron los correos electrónicos que se publicaron en diversos medios de comunicación y quiénes "dispusieron de copia del soporte de las comunicaciones mantenidas".
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En esa línea, el Ministerio Público pide identificar a los empleados del despacho del abogado de González Amador que pudieran tener acceso a los correos, así como a los trabajadores de la Agencia Tributaria y del juzgado en el que se instruía la causa contra el empresario.
