La abogada acusada de encargar a un sicario el asesinato de su exmarido en Ciempozuelos (Madrid) ante el temor de perder la custodia de la hija común, ha negado los hechos en la Audiencia Provincial de Madrid diciendo que nunca pidió a nadie cometer ese crimen, ni siquiera que se le diera un susto. La declaración durante tres horas y media de María Dolores M.P., para quien el fiscal solicita 39 años de prisión, ha sido la única celebrada en el primer día del juicio, que terminará en diciembre, y en el que también se sientan en el banquillo otros dos procesados.
Se trata de Eloy S.B. -que se enfrenta a 39 años de cárcel-, dueño de una empresa de seguridad privada y que presuntamente contacto con el tercer acusado, Charles Michael G.C. -para quien el fiscal pide 43 años de prisión-, presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de Miguel Ángel S.P.
El interrogatorio a María Dolores ha comenzado después de que en la sala se escucharan unas conversaciones telefónicas en las que la acusada, tras conocer la muerte de su exmarido, dice a algunos familiares y conocidos que éste se puede "pudrir bajo tierra" y que "se lo coman las víboras".
"Está siendo malo hasta después de muerto", afirma en otra conversación María Dolores, que ha negado haber temido en algún momento perder la custodia de su hija, que entonces tenía 7 años.
"Tengo sentimientos encontrados, a veces le odio y otras no", ha señalado al ser preguntada sobre los sentimientos que en la actualidad alberga hacia su exmarido.
La acusada ha sostenido que hasta después de la muerte de Miguel Ángel, de la que se enteró por la llamada de un familiar, no supo el contenido de la sentencia que concedía a éste la custodia de la niña, y ha dicho que al conocerla se enfadó "muchísimo".
Sin embargo, el fiscal afirma que conocía el fallo antes de la fecha del crimen, ocurrido el 14 de marzo de 2007, y que ese fue el móvil del mismo.
María Dolores, que lleva 3 años y medio en prisión, mientras su hija se encuentra en régimen de acogida de la Comunidad de Madrid, ha destacado que en el juzgado de primera instancia número 24 de Madrid, que tramitó su divorcio y la custodia de la niña, se sintió "humillada".
El magistrado de ese juzgado "la tenía y la tiene tomada contra mí", ha resaltado la acusada, que ha afirmado que su exmarido tenía un amigo en el Tribunal Supremo que le ayudaba en todos los procedimientos.
María Dolores ha asegurado ser víctima de "un complot judicial" urdido por el juez, contra el que ha interpuesto varias querellas por prevaricación, y ha dicho que por "su culpa" piensa dejar de ejercer la abogacía.
Ha reconocido que tenía "cierta relación de amistad" con Eloy, amigo de un exsocio suyo, pero ha negado que le encargase buscar a alguien para asesinar a su exmarido. "Eloy era mi cliente", ha dicho, antes de explicar que le llevaba los pleitos que tenía, especialmente por las peleas en el local nocturno Palacio de Gaviria (Madrid).
La acusada ha comentado que sabe que Eloy es confidente de la Guardia Civil y que "ha vendido su cabeza" a cambio de que se le retiren denuncias pendientes por temas de drogas y otros.
En cuanto al supuesto sicario, Charles Michael, ha negado conocerle y que hubiera quedado con él en una cafetería de la madrileña calle Gran Vía en la Navidad de 2006 para encargarle el crimen. Ha asegurado que si estuvo en esa fecha en la Gran Vía fue porque estaba de compras, pero que le robaron el bolso y llamó a Eloy para que la ayudara.
A preguntas de su defensa, ha manifestado que su exmarido sufrió abusos sexuales en su infancia y que jugaba a los juegos de rol desde los 12 años. Según la procesada, en una ocasión Miguel Ángel la mató a ella y a su hija en un juego de rol y decidió echarle de casa.
La acusada, que ha asegurado ser quien decidió separarse, aunque fue su exmarido quien puso la demanda de divorcio en un juzgado de Valdemoro (Madrid), ha manifestado también que el crimen pudieron cometerlo Eloy y unos amigos suyos que se dedicaban a juegos de rol o la novia de la víctima, beneficiaria del seguro del fallecido.
Las defensas de los procesados han anunciado que pedirán la absolución de sus defendidos por falta de pruebas.
