El expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano ha subrayado hoy en la primera jornada del juicio por la estafa filatélica que la actividad que desarrollaba era legal y que el motivo que la llevó "a pique" fue su intervención en mayo de 2006, ya que hasta entonces era solvente. A lo largo de las tres horas que ha durado su declaración frente a la sección primera de la Sala de lo Penal, que proseguirá mañana, Cano se ha defendido de las acusaciones de estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas que le atribuye el fiscal Alejandro Luzón, argumentando que "Afinsa nunca vendió filatelia que previamente no tuviese en sus stocks".
La Fiscalía Anticorrupción ha explicado que entre 1996 y 1998, el 64,5 % de los contratos carecía de los sellos físicos, por lo que considera que la intención de la empresa era "la captación de ahorros de forma masiva" y no un negocio filatélico.
Pero el expresidente ha insistido varias veces en que la actividad de Afinsa "no era un negocio de inversión financiero", puesto que se trataba de un sistema de compraventa de sellos y, por lo tanto, no cabría hablar de "rentabilidades", sino de valor de mercado.
Sin embargo, ha reconocido que en los contratos de compraventa de sellos, el valor de éstos se fijaba "a través de listas internas" y no según el valor de mercado del catálogo, y que la revalorización se calculaba "de acuerdo a criterios internos y de mercado".
Asimismo, ha admitido que sus comerciales no eran "expertos ni entendidos" en sellos porque "no vendían filatelia, sino un servicio que en la base tenía filatelia".
LA FISCALÍA PIDE 19 AÑOS DE CARCEL
Mientras, la Fiscalía, que pide provisionalmente 19 años de prisión para Cano, estima que en el mandato de venta de los sellos no se especificaba su valor ni la evolución de su revalorización y que no existía mediación en la compraventa, puesto que los activos no estaban especificados, sino clasificados en lotes. Así, cree que la estructura del negocio suponía que "primero se captaban los fondos y posteriormente se adaptaba el producto a las operaciones", cuando debería ser al contrario.
Por el contrario, Cano ha considerado que "Afinsa era perfectamente solvente en la fecha de su intervención" y que fue esta intervención, el 9 de mayo de 2006, la que llevó "a pique" a la compañía.
En ese momento, varios de los afectados por el fraude que han abarrotado la sala de vistas han empezado a increparle, por lo que la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, ha tenido que llamarles al orden.
La vista, que está señalada hasta al menos principios del próximo año, se reanudará mañana para continuar con la declaración de Cano, que será interrogado por los abogados de las acusaciones particulares.
La Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas (Adicae), personada en la causa, ha manifestado a través de su presidente, Manuel Pardos, la certeza de que los acusados serán condenados y que "la declaración de Cano demuestra lo bien montada que estaba la estafa".
Los otros acusados, que serán interrogados a lo largo de los próximos días, se enfrentan a penas de entre 19 y 2 años de prisión por varios delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo y fraude.
Aunque en un principio eran 14, el juicio ha arrancado en ausencia de uno de ellos, Gregory Manning, a quien el tribunal ha declarado en rebeldía y ha acordado reclamar su extradición a EEUU, donde reside, y su posterior ingreso en prisión.
La sección primera de la Sala de lo Penal ha eximido de declarar y de asistir a las próximas sesiones, además, a Ramón Egurbide y Francisco Blázquez, ya que padecen una enfermedad degenerativa.
