Los representantes de Podemos y PSOE en la comisión de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, Eduardo Gutiérrez y Mercedes Gallizo, explicaron hoy que en la reunión de este martes se habló de las conclusiones provisionales del Campus de la Justicia y anunciaron que las llevarán a la Fiscalía. Ciudadanos lo está estudiando y el PP está en contra de esa iniciativa.
Mercedes Gallizo dijo que en la reunión de hoy "hemos recopilado todo lo averiguado y aportado muchas documentación" sobre el Campus de la Justicia, y señaló que "se perciben irregularidades importantes en la gestión del dinero público".
Dijo con respecto a este proyecto que "todavía no sabemos cuánto ha costado, unos 130 millones de euros", porque existen "algunas cuentas pendientes y reclamaciones de empresa que no se han sustanciado".
A su juicio, lo sucedido "no es solo una mala gestión o que alguien se ha equivocado", sino que hay "actuaciones plagadas de irregularidades y contrataciones fuera de los cauces normales, con la finalidad política de vender un proyecto que nunca llegó a hacerse pero que daba prestancia".
Asimismo, explicó que es partidaria de llevar esos papeles a la Fiscalía para que determine si detrás de estas irregularidades hay responsabilidades penales.
DELITO Y DESPILFARRO
El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez dijo que "vamos a acelerar la remisión de citado informe a la Fiscalía", porque "se acumulan suficientes indicios de que se cometieron delitos o despilfarros inexplicables" en el proyecto del Campus de la Justicia.
"Muchos de sus responsables tiraron 140 millones de euros a la basura y algunos de ellos siguen en el Grupo Popular", dijo Gutiérrez, quien afirmó que el PP "busca ganar tiempo para que prescriban los delitos".
Asimismo, defendió enviar a la Fiscalía los papeles sobre las inversiones del Canal de Isabel II en Latinoamérica, al existir a su juicio posibles delitos de blanqueo de dinero.
La diputada de Ciudadanos Susana Solís dijo que en los documentos se ven distintas responsabilidades administrativas, políticas o mercantiles y señaló que "hemos visto que hay de todo, además de 105 millones que se han despilfarrado".
"También apuntamos a posibles delitos societarios, como administración desleal", indicó Solís, quien añadió que "creemos que habría que trasladarlo a la Fiscalía, pero hay que ser rigurosos y ver antes bien la documentación".
El diputado del PP Juan Antonio Gómez-Angulo, que es contrario a llevar estos papeles a la Fiscalía, dijo que "el único que ha llevado temas a la Fiscalía ha sido el Consejo de Administración del Canal, con el visto bueno de Cifuentes, relacionados con operaciones en Latinoamérica".
De cualquier forma, declaró que cada grupo puede ir a la Fiscalía si aprecia conductas delictivas.
