La juez encargada del caso de los ERE fraudulentos que afecta de lleno a la junta de Andalucía acusa ahora a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de financiarse irregularmente.
Lo ha hecho en un nuevo auto en el que afirma que recibieron más de 7 millones y medio en comisiones durante una década.
El portavoz del PP andaluz el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, ha reclamado a los líderes nacionales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, que ordenen la apertura de una auditoría interna en el seno de sus organizaciones para "depurar responsabilidades" y "aclarar" la implicación que puedan tener en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares en Andalucía.
EL PP ANDALUZ RECLAMA A LOS SINDICATOS UNA AUDITORÍA INTERNA
Rojas ha mantenido este jueves en rueda de prensa en Granada que ambos sindicatos han podido tener un papel "clave" en los ERE fraudulentos a tenor de lo que se desprende del sumario del caso, unas "graves implicaciones", que, a su juicio, requieren de una "explicación" por parte de los líderes nacionales de CCOO y UGT, ya que, según ha dicho, esta situación "salpica de lleno" a la cúpula de ambas organizaciones.
Así, ha subrayado que el auto de la juez Mercedes Alaya es un "duro revés" para los sindicatos, pues la magistrada ha apuntado a una "trama organizada y a un saqueo de las arcas públicas con la connivencia CCOO, UGT y cargos públicos de la Junta de Andalucía", lo que Rojas ha tachado de "extrema gravedad", pues los sindicatos, según ha añadido, "eran una pieza indispensable en esta trama fraudulenta según la jueza".
Por ello, les ha exigido "respuestas" sobre "cuánto dinero público supuestamente se ha malversado" y "quién lo tiene", "cuántas comisiones cobraron", "quiénes eran los comisionistas en los sindicatos y quién presionaba para exigir comisiones en nombre de CCOO y UGT".
"Sería lamentable que la paz social de Andalucía se haya comprado con dinero de todos los andaluces" y que "se haya convertido en una especie de chantaje a los andaluces", ha clamado Rojas.
Al final, ha sostenido que el resultado de todo esto "ha sido una maquinaria defraudadora de más de mil millones de euros que ha funcionado con el impulso del Gobierno autonómico", gracias "a la acción o la omisión del presidente de la Junta de Andalucía", José Antonio Griñán.
A este respecto, y después de que algunos de los imputados por este caso hayan "señalado" esta semana a cuatro consejeros, Rojas mantiene que Griñán "no puede esconderse más", al considerar que "la corrupción es transversal y afecta a todos los departamentos" del Gobierno andaluz, por lo que él, como máximo responsable, "debe asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia".
En este contexto, Rojas se ha preguntado "cuántas reuniones más para ofrecer ERES aparcados de la legalidad se han tenido por parte de los responsables públicos socialistas en campañas electorales" o a cuánta gente se ha prometido" estos expedientes.
"Griñán es un presidente cercado por la corrupción institucionalizada" y sus mentiras, según ha dicho, "caen como fichas de dominó en paralelo al conocimiento del sumario de los ERE, al ser un Gobierno que se encuentra bajo la certeza clara de un saqueo de más de mil millones de euros y que hasta el momento sus máximos responsables no quieren asumir", ha censurado.
MANOS LIMIPIAS DENUNCIA PRESIONES A LA JUEZ ALAYA
El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha criticado que altos cargos de la Junta de Andalucía como su vicepresidente, Diego Valderas, o el portavoz del Gobierno, Miguel Angel Vázquez, "siga presionando de manera tan persistente y feroz" a la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, mientras que la administración autonómica le niega documentación o medios materiales que solicita para su juzgado.
Manos Limpias se ha pronunciado de este modo en un comunicado firmado por su coordinador general en Andalucía, Arnaldo Fernández Calderón, después de que tanto Valderas como Vázquez hayan vuelto a pedir "celeridad" a la juez Alaya en la instrucción del caso de los ERE fraudulentos para recuperar "hasta el último euro de dinero público defraudado" porque consideran que cuando la Justicia marcha lenta "nos perjudica a todos".
El sindicato de funcionarios critica que ambos cargos se dediquen a "aconsejar más celeridad y se permitan hacer una comparativa entre procedimientos judiciales que nada o poco tienen que ver entre ellos respecto a su tramitación" y se pregunta si "ignoran que en el caso ERE existe de momento una muy enorme cantidad de folios que conforman una no menos ingente cantidad de diligencias, informes, datos y personas implicadas de una u otra forma y que cada vez que la Policía Judicial realiza una investigación aparecen más implicaciones, más circunstancias nuevas y agravantes y mucho más dinero repartido".
Frente a ello, Manos Limpias reprocha a Valderas y Vázquez que "ignoren que no se le ha facilitado a la juez Ayala, con esa celeridad que reclaman, la documentación que se les solicita ni los medios materiales que le son necesarios y que tiene igualmente reclamados insistentemente". En este sentido, señala que "en varias ocasiones ha tenido que solicitar folios y toner para la fotocopiadora a los juzgados vecinos" y critica que "el sistema informático de notificaciones Lex net lo poseen muchos juzgados que no tienen ni la carga de trabajo ni las macrocausas que instruye el de la juez Ayala".
ANUNCIA DENUNCIAS CONTRA QUIENES INTENTEN MAS PRESIONES
"No vamos a permitir de modo alguno que se siga presionando de una u otra forma a la juez Ayala de manera tan persistente y feroz cuando lo que necesita son más colaboración, más medios y, precisamente, el tiempo que sea necesario para no cerrar la instrucción en falso", advierte Fernández Calderón, que anuncia que Manos Limpias presentarán "las denuncias que procedan contra quienes intenten más presiones e interferir en la labor de esta Juez que, como parte personada en el procedimiento, os está pareciendo simplemente impecable y, a pesar de muchos, independiente y ejemplar".
Por todo ello, el sindicato de funcionarios exige que "cesen las presiones, nadie se ponga nerviosos y todos sean pacientes porque piensen en una instrucción acorde con lo más elementales cánones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a no ser que lo que interese sea otra cosa".
