El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación por el que se crea la Cámara de Comercio de España, para fomentar la internacionalización de las pymes y otorgarles un papel más activo en la formación dual, que compatibiliza la formación teórica y la práctica.
De esta forma ha empezado la tramitación de la nueva Ley de Cámaras que serán financiadas a través de los ingresos que generen sus propios servicios y de aportaciones voluntarias, aunque también podrán firmar convenios de colaboración con el Estado y las comunidades autónomas.
La nueva normativa permite que las Cámaras incentiven las contribuciones voluntarias pudiendo dar, si lo estiman conveniente, una mayor representatividad en sus órganos de gobierno, a las empresas que hayan realizado pagos.
SERÁN PÚBLICAS LAS RETRIBUCIONES DE LOS ALTOS CARGOS
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que la nueva ley dota de un marco jurídico más seguro a las cámaras españolas que estarán muy vinculadas con la red internacional de cámaras para "abrir la puerta a las pymes a los mercados exteriores y fomentar las exportaciones".
Entre las novedades que incluye el anteproyecto está la obligación de que sean públicas las retribuciones de los altos cargos de las Cámaras y la eliminación de la obligación de que haya una cámara oficial por provincia.
Sáenz de Santamaría ha explicado que se trata de sustituir el actual Consejo Superior de Cámaras por la Cámara de Comercio de España, órgano que representará y coordinará al resto de entidades.
Las dos tareas fundamentales que deberá llevar a cabo este organismo será la de desarrollar un Plan Cameral de Internacionalización, que fomente la salida de las pymes españolas al extranjero, y un Plan Cameral de Competitividad para impulsar la formación profesional dual y frenar el elevado paro juvenil.
El Ejecutivo pretende dotar de mayor relevancia a las cámaras de comercio españolas tal y como las tienen en otros países europeos, como Alemania o Austria.
INTERNACIONALIZACIÓN
El Plan Cameral de Internacionalización se ejecutará bajo la dirección del ministerio de Economía y Competitividad y en él participarán las cámaras de comercio de España en el exterior. Por su parte, el Plan Cameral de Competitividad contempla la participación de las cámaras en la organización de la formación práctica en centros de trabajo, a través de la designación de tutores y del control y evaluación de dicha formación.
La nueva Ley de Cámaras tendrá un marco jurídico distinto que permitirá la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos empresariales. Para mejorar la coordinación entre la Cámara de España y las Cámaras en el exterior, las Federaciones de Cámaras en el extranjero estarán representadas en el Pleno de la Cámara de Comercio de España.
En cuanto a la financiación, el anteproyecto no contempla la recuperación del recurso cameral permanente que fue eliminado en la anterior legislatura, por lo que basará sus ingresos en los
Otras medidas que incluye la nueva Ley son la homogeneización del régimen jurídico de todos sus trabajadores al régimen laboral ordinario, así como un sistema de adscripción por el que las empresas pertenecen a las cámaras territoriales sin que de ello derive obligación económica alguna, ni de ningún otro tipo.
DERECHO A DECIDIR
El Gobierno ha encargado a la Abogacía del Estado que estudie la comisión creada en el Parlament de Cataluña para aplicar el "derecho a decidir", con el objetivo de incorporarla a la impugnación admitida a trámite en el Tribunal Constitucional contra la declaración soberanista aprobada por la misma cámara autonómica.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La Abogacía deberá explicar si esta comisión parlamentaria es consecuencia de ese primer acuerdo impugnado y se pone así de manifiesto "que de aquella declaración inicial se van produciendo efectos jurídicos".
LAS NORMAS DE BUEN GOBIERNO
El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de una comisión de expertos en materia de buen gobierno corporativo, que en un máximo de cuatro meses deberá elevar un informe con recomendaciones para mejorar el sistema, que el Ejecutivo se compromete a aprobar en dos meses.
Así, en un máximo de seis meses se reformará el Código Unificado de Recomendaciones sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, conocido como "Código Conthe", y se elaborará uno destinado a sociedades no cotizadas.
El objetivo es "actualizar, modernizar y adaptar a los nuevos tiempos" los códigos de buen gobierno de las empresas para fortalecer su "transparencia" y responsabilidad social, ha informado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
