Bruselas advierte al gobierno que sigue "de cerca" la reforma del Poder Judicial

La Comisión Europea está "al tanto" y sigue "de cerca" el proceso de reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, dijo hoy a Efe un portavoz comunitario, que recordó la importancia de que ese órgano no se perciba como "vulnerable a la politización".

"La Comisión está al tanto del anuncio de este nuevo proyecto de ley. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto", señaló Christian Wigand, el portavoz de la Comisión, en respuesta a una pregunta de Efe sobre la polémica surgida en España sobre esta cuestión.

En el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, publicado recientemente, la Comisión subrayó "la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial a fin de fortalecer la independencia judicial", recordó Wigand.

Añadió que el capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 correspondiente a España señalaba que la situación del Consejo Judicial era "un desafío". "Es importante asegurar que el consejo no se perciba como vulnerable a la politización", subrayó el portavoz comunitario. Y señaló que, "en términos más generales, cuando los Estados Miembros reformen el poder judicial, ello deberá hacerse siempre en consulta con todas las partes interesadas, incluida la Comisión de Venecia".

"Los Estados miembros deben seguir las normas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida", concluyó.

La propuesta, presentada por PSOE y Podemos, ha sido fuertemente criticada por la oposición, que ya ha anunciado que recurrirá al Constitucional.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado este jueves a la Comisión Europea que evalúe la reforma del poder judicial que plantean PSOE y Unidas Podemos para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Casado ha mantenido un encuentro en Bruselas con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, al que ha entregado una carta firmada junto a la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, solicitando que la Comisión Europea la evalúe.

Además, el grupo del Partido Popular Europeo pedirá que el Grupo de seguimiento sobre Estado de Derecho y Derechos fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europea estudie la proposición de ley, ha informado el PP.

Además, este miércoles, el subsecretario polaco de Asuntos Exteriores, Pawel Jablonski, avivó la polémica al lanzar una pregunta en su cuenta en Twitter. "Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al poder judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, ¿qué hará Bruselas si España nombra el CGPJ por la mitad más uno?", tuiteó Jablonski, al preguntarse si la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, también intervendrá en caso de que prosperase la reforma en España.

Poco después este tuit fue comentado en sus respectivas cuentas en la misma red social por los eurodiputados del Partido Popular, Estebán Gónzalez Pons, y por el de Ciudadanos, Luis Garicano. "Con el fondo de recuperación en juego es suicida no medir las consecuencias de los actos", escribía Gónzalez-Pons, mientras que Garicano apuntaba que "el Sr. Sánchez no ha medido el riesgo en un momento en el que el estado de derecho es el ÚNICO tema aquí".

Ambos eurodiputados se refieren a las negociaciones en curso sobre el presupuesto de la Unión Europea para 2021-2027 y del Fondo de Recuperación por la pandemia entre el Parlamento Europeo y los países, que están encalladas y podrían demorarse más allá de enero de 2021 si persiste el bloqueo.

Precisamente, uno de los principales puntos de bloqueo es el mecanismo para condicionar el desembolso de fondos al respeto del Estado de Derecho.

Por esa razón, fuentes diplomáticas reflexionan sobre la oportunidad de llevar el debate sobre la reforma judicial a Europa en este momento. "Si hay quien quiere exportar esto a Europa, que es legítimo, lo debe explicar y sobre todo con argumentos sólidos. Que expliquen que esto tiene algún tipo de dimensión comunitaria", decían las fuentes, que descartaban cualquier paralelismo entre España y Polonia.

La Comisión Europea tiene varios expedientes sancionadores abiertos contra Polonia por socavar la independencia judicial, e incluso llegó a poner en marcha el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que se activa cuando existen riesgos graves para el Estado de derecho en un Estado miembro.

Ese artículo prevé, en última instancia, suspender el derecho a voto en la UE del país afectado si no corrige la situación.

Varsovia amenazó con no aprobar ni el Presupuesto de la Unión Europea ni algunas decisiones sobre fondos comunitarios si se amenaza la soberanía de su país.