La reforma del express del Poder Judicial de PSOE y Podemos subleva a jueces y oposición

La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sublevado a la oposición, que recurrirá al Constitucional, y a los jueces, que temen que la institución quede en manos del Gobierno.

PSOE y Unidas Podemos sostienen que su objetivo es superar el "bloqueo" al que somete el PP al órgano de gobierno de los jueces: está cerca de cumplir dos años en funciones, los populares se niegan a negociar nuevos nombres, y sin ellos hoy en día no hay renovación posible, ya que la ley exige que los vocales estén respaldados por tres quintos de las cámaras.

Según la propuesta presentada este martes en el Congreso por los grupos parlamentarios, doce de los veinte vocales (los de extracción judicial) podrían ser elegidos en segunda votación por mayoría absoluta.

Los otros ocho miembros (juristas de reconocido prestigio) seguirían necesitando los tres quintos, ya que así lo marca la Constitución.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha defendido que la reforma mantiene "la exigencia de buscar el consenso en parlamentos fragmentados" y "obliga a buscar a acuerdos", mientras que, desde Unidas Podemos, Pablo Echenique ha afirmado que quieren "proteger al poder judicial" del desprestigio que le causa el líder de la oposición, Pablo Casado.

El Gobierno avala una reforma porque cree que la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una "urgente necesidad", en palabras de su portavoz, María Jesús Montero, pero ha decidido dejar el polémico proyecto en manos de los grupos parlamentarios y no poner su firma en él.

Montero ha reconocido que así la tramitación será más rápida, pero ha rechazado que se haya querido esquivar a los órganos consultivos: si el proyecto lo hubiera presentado el Gobierno, debería recibir el informe del Consejo de Estado y del propio Consejo General del Poder Judicial, aunque su opinión no sería vinculante.

El PP ha anunciado de inmediato que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea al considerar que el Ejecutivo quiere "el poder absoluto" e imponer una dictadura: "Cuando se está buscando anular el papel de la oposición, esas conductas son dictatoriales y se alejan de la buena calidad democrática", ha advertido su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

También Vox ha anunciado que llevará al Constitucional una reforma en la que ve un "ataque directo a la democracia, al Estado y a las instituciones".

"Se confirma la infamia", ha denunciado en el Congreso el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.

La reforma suscita recelos incluso en algunos de los socios de investidura del Ejecutivo, como Más País, que advierte que, aunque se trate de un órdago, "es un precedente peligroso a largo plazo" y apuesta por "trabajar para ensanchar los consensos, no para estrecharlos".

Desde la carrera judicial, tres de las cuatro asociaciones profesionales han arremetido duramente contra la propuesta, y sólo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha visto legítimo que el Ejecutivo busque alternativas al bloqueo del PP.

"Un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas", porque la reforma deja todo "al albur del Ejecutivo", que pasa a "manejar y manipular el poder judicial" desde su mayoría parlamentaria, ha denunciado la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

La Asociación Francisco de Vitoria ha tachado la iniciativa de "atentado, despropósito y disparate", y Foro Judicial Independiente ha dudado incluso de su constitucionalidad.

La Asociación Europea de Jueces expresó su “gran preocupación” por esta reforma, ya que puede suponer que “España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial”.

El PSOE reformó la ley que ahora pretende dejar atrás

Entre 1980 y 1985, los jueces habían elegido directamente a los doce vocales de turno judicial, y el PSOE reformó la ley para que fueron designados por el Parlamento, con la mayoría de tres quintos que ahora se quiere dejar atrás.

Aunque alertó del riesgo de que el sistema de elección se convirtiera en un reparto de puestos entre los partidos, el Constitucional avaló la elección parlamentaria, "máxime cuando la ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara", dijo entonces.

Los socialistas sostienen que, dada la fragmentación parlamentaria existente, permanece la exigencia de buscar consensos a pesar de reducir el número de apoyos necesarios para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.