El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la reforma del Reglamento del Parlament catalán con la que el Govern pretende tramitar de forma exprés el referéndum del 1 de octubre y ha apercibido a los miembros de la Mesa de que aplicarla acarrearía responsabilidades, incluso penales.
Los magistrados, reunidos hoy durante apenas 45 minutos, han acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso presentado por Gobierno contra el artículo 135.2 de esa reforma, lo que conlleva automáticamente la suspensión de la norma mientras se pronuncian sobre el fondo del asunto, para lo que tienen un plazo de cinco meses.
El Constitucional también ha apercibido a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, a los otros seis miembros de la Mesa, al letrado mayor y al secretario general de la Cámara, a quienes expresamente prohíbe la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única (como establece la reforma impugnada) y les advierte de las eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si desobedecen.
El Tribunal, como solicitó el Gobierno, acuerda la notificación personal de la resolución a todos ellos y les recuerda su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".
REGISTRADA LA PROPOSICION DE LEY DEL REFERENDUM
Por su parte, Junts pel Sí y la CUP han registrado en el Parlament la proposición de ley de referéndum de autodeterminación, con la que pretenden dar cobertura legal al referéndum. El texto, firmado por todos los diputados de ambos grupos, ha quedado así registrado pero el próximo paso, la admisión a trámite por parte de la Mesa, no tendrá lugar hasta el 16 de agosto, que es cuando se retomará la actividad parlamentaria.
La base legal sobre la que se asienta la nueva ley se refleja en el artículo 2, al afirmar que el pueblo de Cataluña es un "sujeto político soberano" y, como tal, "ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política". La ley establece "un régimen jurídico excepcional" para celebrar el referéndum y se ampara en la legislación internacional, especialmente en sentencias del Tribunal Internacional de La Haya y de la Corte Suprema del Canadá que consideran aplicables en la consulta catalana.
El artículo 3 supone una advertencia ante la previsible suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional (TC), y destaca que "prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto, puesto que regula el ejercicio de un derecho fundamental inalienable del pueblo de Cataluña". También indica, ante posibles querellas u otras acciones judiciales, que la ley ampara "a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente" en la preparación y celebración del referéndum.
El presidente del grupo parlamentario de JxSí, Lluís Corominas, ha explicado que la idea es tramitar la ley por la vía de "urgencia extraordinaria".
Fuentes parlamentarias han precisado que este precepto permite reducir el plazo de los trámites a la mitad de la mitad, de manera que la oposición solo tendría tres días para presentar enmiendas, en lugar de los diez en procedimientos habituales.
Ante las medidas del Gobierno del Estado para impedir el 1-O, Corominas ha afirmado: "Estamos comprometidos en seguir adelante, la democracia en Cataluña no la podrá parar ni Rajoy ni el TC".
EL GOBIERNO FIRME EN SU PROPOSITO DE QUE NO SE CELEBRE
Desde Santiago de Compostela, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho que el Gobierno sigue firme en su posición de "poner en marcha todos los instrumentos legales que tenga en su mano para evitar que se celebre un referéndum ilegal" en Cataluña.
En Madrid, el PPC y Ciudadanos han presentado un recurso de amparo ante el TC contra la reforma "trampa" del reglamento del Parlament, con la que JxSí y la CUP pretenden tramitar por la vía rápida y en lectura única la ley de referéndum.
"Quieren amordazar a la oposición y no lo van a conseguir", ha denunciado la diputada del PPC Andrea Levy, que ha advertido de que se interpondrán "todos los recursos democráticos" que sean necesarios para evitar que los independentistas "impongan su ley".
La diputada de Cs Lorena Roldán ha señalado que se trata de una reforma "mordaza" con el objetivo de "silenciar" a la oposición.
El PSC ha pedido a la Mesa que no admita a trámite la ley del referéndum, ya que considera que no se ajusta a la legalidad que emana de la Constitución y del Estatut.
PUIGDEMONT, DISPUESTO A IR A PRISION ANTES DE CEDER
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que esta dispuesto a aceptar "todas las consecuencias", incluso ir a prisión, antes que ceder en el referéndum, al tiempo que ha instado al Estado a dirigir todas las acciones legales contra él, en lugar de hacia empleados del Govern.
"Si estoy asumiendo la máxima responsabilidad en un proceso que tiene todas esas dificultades, obviamente tengo que aceptar todas las consecuencias", ha afirmado Puigdemont en una entrevista concedida a Bloomberg.
El presidente catalán considera no obstante que "la mejor manera de garantizar que no vaya a prisión es que tenga éxito" el proceso soberanista y el referéndum del 1 de octubre,
EL PP ADVIERTE QUE RECURRIRÁ LA LEY DEL REFERÉNDUM EN CUANTO SEA ADMITIDA A TRÁMITE
La diputada del PPC y vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha advertido hoy de que su partido recurrirá la proposición de ley de referéndum de autodeterminación presentada por Juns pel Sí y la CUP en cuanto la Mesa del Parlament la admita a trámite.
A la salida del Tribunal Constitucional, donde PPC y Ciudadanos han recurrido la reforma del reglamento del Parlament que permitiría la tramitación de leyes como la del referéndum, Levy ha señalado que se trata de una norma "clandestina" que los partidos que se oponen a la independencia desconocen. La forma de actuar de los independentistas presentando esta proposición, ha añadido, está dentro del "apagón y la oscuridad total" con la que se comportan.
Ha advertido de que se actuará contra la proposición de ley cuando sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament. "A los independentistas les digo que pueden agitarse todo lo que quieran, pero la serenidad y la mesura" de la ley y de la democracia "frenara todos sus planes". "Aquello que no es legal no es democrático y la democracia de nuestra parte", ha añadido.
Por su parte, Lorena Roldán, de C's, ha señalado que la proposición de ley registrada hoy supone una nueva "performance" de los independentistas", otro "numerito" y otra "película" que ya se ha visto, y que se vio con la consulta del 9 de noviembre de 2014. Ha lamentado que la propuesta la hayan firmado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras "escondidos detrás de su acta" de diputados, lo que ha calificado como un "acto de cobardía".
Por eso, ante estos "numeritos" que no llevan a "nada", Roldán ha considerado que deberían celebrarse elecciones autonómicas y que tras ellas pueda presidir la Generalitat la líder de C's en Cataluña Inés Arrimadas, con un proyecto que piensa en "unir" y no en "dividir" a los catalanes.