El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente la resolución del Parlament de Cataluña que prevé un referéndum en septiembre de 2017, al haber admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno en contra de aquella decisión.
El Pleno del Constitucional ha acordado tramitar el incidente de ejecución que presentó la Abogacía del Estado contra esa resolución del Parlament y, como en ocasiones anteriores, advierte a los miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno catalán de las responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si ignoran su mandato.
El Gobierno defiende en su escrito que el Parlament desobedeció la sentencias del Constitucional con su resolución del pasado 6 de octubre referida al "Referéndum" y al "Proceso Constituyente", incluidos en el Título I sobre "El futuro político de Cataluña".
Esa iniciativa -aprobada con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y la abstención de Catalunya Si Que Es Pot- implica la convocatoria de un referéndum vinculante a más tardar el 17 de septiembre de 2017 y la convocatoria de unas "elecciones constituyentes" seis meses después si el 'sí' a la independencia vence por más del 50 % de los votos.
LA SUSPENSIÓN CAUTELAR SERÁ COMUNICADA "PERSONALMENTE" AL GOVERN Y AL PARLAMENT
La suspensión cautelar de los apartados objeto del incidente de ejecución es consecuencia directa y automática de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución, que determina a su vez que el Tribunal debe levantar o ratificar esa suspensión en un plazo de cinco meses.
Esta suspensión será notificada personalmente a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; al resto de miembros de la Mesa; al secretario general de la cámara; al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los demás integrantes del Ejecutivo catalán.
A todos ellos se les advierte del deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".
No es la primera advertencia de esas características que hace el Constitucional. De hecho, como consecuencia de la anterior, el mismo 6 de octubre el tribunal emplazó al fiscal a actuar contra Forcadell por desobedecer sus resoluciones que anulaban la hoja de ruta hacia la independencia.
Esa decisión derivó en una querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, que está citada el viernes 16 de diciembre como investigada (imputada) en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En el acuerdo alcanzado hoy, el tribunal de garantías requiere a Forcadell, a los miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara para que informen si las actuaciones que derivaron en la aprobación de la resolución por la que se convocó el referéndum soberanista contravienen las decisiones anteriores del Constitucional contra ese proceso. Además, el Pleno ha dado veinte días de plazo al fiscal y al Parlament para que presenten alegaciones al escrito de la Abogacía del Estado.
"SEGUIREMOS ADELANTE"
El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha evitado manifestarse a lo largo del día de hoy, pero prevé hacerlo mañana, jueves, tras reunirse en el Palau de la Generalitat con la presidenta balear, Francina Armengol.
Quien sí ha hablado ha sido el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, que ha asegurado que se mantiene el compromiso de convocar el referéndum, por lo que no se "distraerán" con sentencias del Tribunal Constitucional.
También ERC ha replicado al Tribunal Constitucional: "Seguiremos adelante, nadie detendrá nuestras ansias de libertad", ha escrito en Twitter.
Mientras tanto, la CUP ha exigido al Govern un "compromiso explícito" de que los Mossos no irán de la mano del Constitucional, el Código Penal y las instituciones españolas para impedir el referéndum.
Jané, protagonista del último choque entre el Govern y la CUP, ha replicado a los anticapitalistas que no especulen con el papel de los Mossos ante un eventual referéndum y ha garantizado que estarán como siempre "al lado del pueblo de Cataluña, de sus instituciones y de la legalidad vigente en Cataluña".
Después de que la CUP exigiera el lunes su destitución por las detenciones practicadas por los Mossos de jóvenes de la izquierda independentista que no se habían presentado ante la Audiencia Nacional por la quema de fotografías del Rey, Jané ha arremetido esta mañana contra la actitud de los anticapitalistas, cuyos votos son decisivos para la aprobación de los presupuestos del Govern. Jané ha asegurado que "miente" quien diga que dio órdenes para actuar contra los independentistas que quemaron fotos del Rey en la última Diada y ha recordado la autonomía de los Mossos para aplicar la ley.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha opinado que la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional pone de manifiesto la necesidad de apostar por vías de diálogo y no por la "unilateralidad".
El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, cree que la decisión del Tribunal Constitucional es una "oportunidad" para que el Govern se aparte de la "radicalidad" de la CUP y emprenda la vía del diálogo.
En el Congreso, PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado una propuesta del PDECat, apoyada por ERC, para crear una comisión parlamentaria que estudie la convocatoria de un referéndum pactado en Cataluña.
La diputada del PSC en el Congreso Meritxell Batet ha defendido que "se abra paso el diálogo, la negociación y la posibilidad de acuerdos" para resolver el problema de Cataluña.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha opinado que la suspensión del referéndum es la "enésima constatación" de que la vía independentista es un "camino sin salida", al tiempo que ha pedido al Gobierno que no plantee como solución la reforma del Estatut.
El portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha destacado que la resolución que promovió su grupo en favor de un referéndum acordado no ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, por lo que ha pedido a Puigdemont que la asuma como la "vía" adecuada.
Mientras tanto, tres expresidentes del Parlament, Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, han mostrado su apoyo a la actual presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, que declarará el viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigada por desobediencia al Tribunal Constitucional, y han asegurado que de haber estado en su lugar habrían actuado "igual" que ella.
