ETA certificó en junio de 2006 el cobro de los 54.000 euros del chantaje terrorista que pretendía impedir la redada policial de la que fueron avisados los etarras. El recibo que aparece en el sumario y que publica hoy El Mundo es una prueba más de las consecuencias del chivatazo del Faisán. Según el juez, el inspector Ballesteros pasó a Joseba Elosúa el teléfono en el que el comisario Pamiés le dio el soplo que echó por tierra esa operación policial. Encontes, el gobierno de Zapatero, estaba en plena negociación con los terroristas y Rubalcaba era ministro del Interior.
Lo que publica el diario El Mundo es la prueba del algodón de que el 4 de mayo de 2006 se cometió un delito de colaboración con banda armada. ¿Porqué? Porque la policía tenía controlado el bar Faisán de Irún desde años atrás.
Porque aquel día se le iba a dar un duro golpe al que era el centro de operaciones del aparato de extorsión de ETA. Y, sin embargo, la redada no se produjo porque alguien se chivó a ETA.
Según la investigación, además, alguien se preocupó de que en el momento del soplo, la cámara de seguridad dejara de funcionar cuando Joseba Elosúa, el dueño del bar, recibía un móvil supuestamente de manos de un policía y desde ese teléfono, presuntamente, otro policía le advertía de que eran vigilados.
Elosúa tomó las cautelas, y los 54.000 euros que se iban a transferir a ETA aquel día, terminaron en los pistoleros, como muestra el recibo aparecido mes y medio después en casa de un terrorista.
Alfredo Pérez Rubalcaba que, en aquellos días se estrenaba como ministro del Interior, siempre le ha restado importancia al chivatazo con el siguiente argumento. "Los presuntos terroristas fueron posteriormente detenidos y puestos a disposición judicial".
Lo que no decía es que con ese chivatazo se consiguió que ETA recibiera 54.000 euros para pistolas y bombas como la de la T4 de meses después.
Los terroristas seguían financiándose, extorsionando a empresarios, cuando se suponía que había una tregua por la negociación con el gobierno Zapatero.
