El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, dio una instrucción el pasado mes de diciembre, ante la revisión de penas consecuencia de la entrada en vigor de la Ley del 'solo sí es sí', para que se atendieran en 24 horas las instalaciones de dispositivos de control telemático por excarcelaciones sorpresivas o inesperadas. Así lo ha explicado este martes la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, durante un acto organizado por Igualdad para presentar su Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025.
Durante su intervención, Rosell ha puesto en valor esta medida de protección a las víctimas que se puede solicitar con orden judicial, de forma cautelar o definitiva, cuando se dicta una orden de alejamiento del agresor hacia su víctima. Este dispositivo permite la geolocalización del agresor y de la víctima generando una alerta --gestionada por el sistema conocido como Cometa y por la Policía-- si el agresor incumple este alejamiento.
Según ha indicado Rosell, en la actualidad hay algo más de 3.000 de estas pulseras en uso y se podrían usar hasta 4.000, tras firmarse un contrato en este sentido por los próximos dos años. Además, este año, se va a licitar otro contrato de 48 millones de euros que permitirá, a partir de febrero de 2024, ampliar este sistema de protección a todas las violencias contra las mujeres, y no solo a los casos de violencia de género que se producen en el seno de la pareja o expareja.
Sin embargo, y aunque no está licitado aún el contrato para incluir la protección con dispositivos telemáticos en casos de violencia sexual, Rosell dio una instrucción en diciembre para "que se atienda en 24 horas las peticiones judiciales de instalación de dispositivos" en los casos de víctimas afectadas por una excarcelación sorpresiva de su agresor sexual y que pudieran sufrir alguna situación de revictimización.
La delegada del Gobierno ha explicado que le consta que la Fiscalía sí ha dado el aviso a los fiscales, pero no le consta en el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalando, además, que no tiene constancia de que se haya solicitado ninguna medida de este tipo en ningún caso.
Fuentes del Ministerio han explicado que son unos 14 los excarcelados hasta el momento con la Ley del 'solo sí es sí', es decir, que en estos casos el juez podría haber solicitado esta medida de protección para las víctimas. Las mismas fuentes han negado, además, que no haya pulseras disponibles.
Según han indicado, la mayoría de este tipo de condena llevan aparejadas una orden de alejamiento tras el cumplimiento de la misma y que el objetivo de Igualdad con su instrucción es que estas medidas puedan cumplirse con mayor seguridad para la víctima ante la situación de una excarcelación inesperada.
Pero, además, Rosell ha explicado que se ha abierto el servicio de atención telefónica ATENPRO también a las víctimas de esta situación. En este sentido, la delegada del Gobierno ha apuntado que, desde finales de este año, este servicio también atenderá a todas las víctimas de violencias machistas.
Al menos 195 condenados se han beneficiado ya en sus penas por la ley del 'solo sí es sí'
El número de condenados por delitos sexuales que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'solo sí es sí' asciende al menos a 195, entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma.
Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la excarcelación de 18 personas. Las últimas 14 rebajas de pena han trascendido este lunes y martes y se han producido en Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y País Vasco.
De los 14 casos registrados en lo que va de semana, 7 corresponden al País Vasco, donde se han aplicado rebajas en virtud de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual.
Según los datos recabados hasta ahora por Europa Press, constan 35 rebajas en País Vasco, 21 en Galicia, 20 en Madrid, 20 en Andalucía, 18 en Baleares, 16 en Castilla y León, 15 en la Comunidad Valenciana, 9 en Canarias, 9 en Asturias, 8 en Extremadura, 7 en Cantabria, 6 en el Tribunal Supremo, 4 en Cataluña, 2 en Murcia, 2 en La Rioja, 1 en Castilla-La Mancha, 1 en Navarra y 1 en Aragón.