El Poder Judicial rechaza los "intolerables ataques" políticos a los jueces al aplicar la 'Ley del solo sí es sí’
- Responde a los ataques de Irene Montero y Victoria Rosell y recuerda que ya avisó en su informe sobre la ley de que obligaría a revisar penas
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos" por aplicar la llamada 'Ley del sólo sí es sí', promovida por el Ministerio de Igualdad.
La aplicación de la nueva Ley está provocando la reconsideración de las penas y que los tribunales rebajen condenas contra agresores sexuales que ya eran firmes o que estaban en fase de recurso.
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Entre los ataques están los de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha responsabilizado a los jueces de las rebajas de penas a abusadores sexuales conocidas esta semana tras la aplicación del nuevo abanico penal de la “ley del solo sí es sí”.
Ataques también de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell: Tremendo. Un tribunal decide rebajar la pena por agresión sexual a menor, que sigue siendo de 5-10 años. (Art. 181.2 CP). Para rebajar, obvia el abuso de superioridad del padrastro (181.4) Ya lo dijo el comité CEDAW: la justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley".
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El órgano de gobierno de los jueces considera que los ataques son opuestos al “acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual" y advierte de que este tipo de actuaciones "minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección".
El comunicado explica que “la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena’”.
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Las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual son, según defienden, “de aplicación estricta” por parte de los miembros del Poder Judicial, “sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española”.
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Añade que el Consejo General del Poder Judicial emitió el correspondiente informe sobre el anteproyecto de esta Ley, que fue aprobado por unanimidad.
En él, dice el CGPJ, “constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’”.
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Por todo ello, la Comisión Permanente expresa “su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual”.
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Desde el Ministerio de Igualdad insisten en que el problema no es la Ley sino la aplicación que están haciendo los jueces, y reprochan incluso el "machismo" que está detrás de esas rebajas de condenas.
