La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), ha admitido que no puede garantizar "al cien por cien" que haya colegios abiertos y urnas el 9N, si bien ha insistido en que el ejecutivo catalán no paraliza los preparativos para que los ciudadanos se puedan expresar "de una manera u otra".
Cuando tan sólo falta una semana para la consulta soberanista del 9N, Ortega ha afirmado hoy en una entrevista al diario El Punt-Avui que está a la expectativa de lo que ocurra en los próximos días, en los que el Tribunal Constitucional dictaminará sobre la impugnación del Gobierno al proceso participativo.
La vicepresidenta de la Generalitat ha remarcado que el gobierno catalán acabará de preparar el dispositivo para que finalmente se celebre la consulta: "Todo estará a punto y el día 9, de una forma u otra, espero que a través de las urnas, la voz de los catalanes se expresará".
No obstante, al ser preguntada por si podía asegurar que el próximo domingo habrá colegios abiertos y urnas, Ortega afirmó: "la voluntad con la que trabajamos es ésta, pero en estos momentos no se puede asegurar al cien por cien. No paralizamos ningún preparativo, lo tendremos todo a punto, todo preparado".
Según Ortega, si se tuviera que adoptar "alguna acción concreta" en los próximos días se convocaría al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir para "asumirla conjuntamente", como ya anunció el pasado viernes el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Por su parte, el coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Josep Rull, ha advertido que aunque el Tribunal Constitucional (TC) reclame al gobierno de Cataluña que deje de preparar la consulta del 9N, en estos momentos "las riendas del proceso las tienen los ciudadanos".
"Ya está todo preparado. Los voluntarios están, los puntos de votación están, las papeletas la gente las puede llevar de casa... Todo está en perfecta disposición", ha señalado Rull, quien ha remarcado que la consulta ya no es de la Generalitat sino del conjunto del pueblo catalán.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, ha replicado que la sociedad civil no debe asumir la organización de la consulta alternativa prevista para el 9N si el TC la suspende, sino que quien tiene que hacerlo es el gobierno catalán.
"Esta consulta ha de ser convocada por el Govern. El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y todas las fuerzas sociales le apoyaremos, daremos el paso juntos, pero también lo ha de hacer el Govern", ha afirmado Forcadell a la emisora Catalunya Ràdio.
Desde ERC, el portavoz en el Congreso, Alfred Bosch, ha animado hoy a que el 9N vayan a votar también los partidarios de que Cataluña no sea independiente, y no sólo los independentistas.
"El 9N es una votación abierta a todos los ciudadanos y a los demócratas, y animamos a participar de forma especial a los que quieran votar 'no' o a la opción del 'sí-no' (a la doble pregunta) porque las urnas son también para ellos, por supuesto", ha dicho Bosch.
El dirigente republicano ha advertido asimismo de que, si el TC prohíbe la nueva convocatoria tras el recurso planteado por el Gobierno, desde ERC se será "obediente al pueblo de Cataluña", que a su juicio ha reclamado en la calle y en las urnas poder votar el 9N.
"Los políticos tenemos la obligación de responder al mandato del pueblo y eso es lo que haremos: cumpliremos con nuestra palabra", ha insistido Bosch, que ha evitado polemizar con las declaraciones de Ortega admitiendo que no podía garantizar "al cien por cien" que finalmente haya urnas el 9N.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera que "la ley no basta para resolver el conflicto catalán", y ha abogado por resolverlo con "voluntad política".
En una entrevista a La Vanguardia, Sánchez vaticina, sobre el encaje de Cataluña en España: "Este conflicto empezará a resolverse cuando yo sea presidente".
Desde Ciutadans (C's), su secretario general Matías Alonso ha denunciado hoy que el gobierno catalán "se ha instalado unilateralmente en la desobediencia y el desafío al Estado de Derecho y amenaza con mantener el pulso antidemocrático".
ESTUDIO DE LA IMPUGNACION
El Tribunal Constitucional (TC) comenzará a estudiar previsiblemente el próximo martes en el Pleno que ya estaba convocado para la próxima semana la admisión a trámite de la impugnación que el Gobierno presentó el pasado viernes contra la nueva consulta convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre.
El asunto no había sido incluido en el orden del día del citado Pleno a última hora del viernes, si bien fuentes del TC han señalado a Europa Press que la intención del presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, es hacerlo para que la admisión pueda ser discutida desde el mismo martes.
El Pleno se prolonga hasta el jueves, por lo cabe la posibilidad de que la decisión sobre el último movimiento de la Abogacía del Estado no se conozca hasta ese día. La intención del tribunal de garantías, no obstante, es poder resolver la impugnación y notificar su resolución mucho antes según las mismas fuentes.
EL TC SE DA MENOS PRISA
A diferencia de lo ocurrido con este recurso, el presentado contra el decreto de convocatoria de la consulta inicial y contra la Ley aprobada para darle cobertura legal tuvo que resolverse en una semana en la que inicialmente el TC no tenía previsto Pleno ordinario, por lo que convocó uno de urgencia apenas siete horas después de presentarse las impugnaciones.
De hecho, y de forma inédita, el Pleno emitió un comunicado en el que que explicaba que su premura en reunirse y resolver el asunto obedecía a que era consciente de "la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas". Añadía que esta trascendencia en resolver debía entenderse "para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana".
La nueva impugnación se basa en informe del Consejo de Estado y solicita la suspensión de todas las actuaciones para organizar este denominado proceso participativo, tanto las ya realizadas como las que vengan.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, hizo hincapié en que uno de los objetivos principales del recurso es defender los derechos de los ciudadanos catalanes a los que, a juicio del Gobierno, Artur Mas está trasladando la responsabilidad de incumplir la ley, una responsabilidad que él "no quiere asumir con su firma".
"El Gobierno quiere defender los derechos de los catalanes y en especial de los funcionarios, a los que la Generalitat quiere colocar a la intemperie legal", ha dicho, recordando el aviso a directores de colegios e institutos para que el día 9 abran sus centros y estos acojan urnas de votación. "Uno de los objetivos fundamentales es proteger a los funcionarios, que se no se vean obligados a incumplir la ley", ha añadido.
