El Gobierno ha aprobado el nuevo sistema para fijar el coste de la energía en la tarifa eléctrica regulada, a la que están acogidos unos 16 millones de consumidores. La vinculará a la evolución del mercado mayorista y entrará en vigor a partir del 1 de abril.
Las empresas dispondrán de un máximo de tres meses, hasta el 1 de julio, para comenzar a facturar con el nuevo sistema que sustituye a las anuladas subastas Cesur y que, según el Gobierno, va a suponer un "claro ahorro" para todos los consumidores.
VENTAJAS DEL NUEVO SISTEMA
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado que se empieza por eliminar los costes de las coberturas que incluían las subastas y que ha cifrado en 1.671 millones en los últimos cinco años.
Junto a este ahorro, Soria ha señalado otras "ventajas" como dar señales de precio al consumidor, mejorar la competencia o ampliar el abanico de elección de los usuarios.
El nuevo sistema supone que cada recibo de la luz dependa de la evolución del mercado mayorista, "que cotiza y cambia en función de la oferta y la demanda cada hora", aunque con algunos matices.
REGULARIZACION CON LA PRIMERA FACTURA
Para la mayoría de los consumidores, que no tienen aún contador inteligente, la factura se calculará con una media del precio de la electricidad en ese mercado que publicará Red Eléctrica.
Cuando el usuario tenga un contador inteligente conectado y operativo, se facturará directamente el precio del mercado de cada hora. Además, las distribuidoras tendrán ofertas con un precio fijo anual.
Mientras las eléctricas trasladan el nuevo sistema a la facturación -con el 1 de julio como fecha tope- se mantendrá el precio transitorio que se ha aplicado en el primer trimestre del año, 48,48 euros megavatio, a la espera de contar con el nuevo sistema.
En la primera factura emitida con el nuevo sistema, en agosto como muy tarde, se ajustará a cada consumidor la diferencia entre esos 48 euros y el precio de mercado.
LAS ELÉCTRICAS DEBERÁN DEVOLVER 300 MILLONES DE EUROS
Para el primer trimestre del año, ese ajuste entre los 48 euros y el precio real del mercado, unos 26 euros, se ha saldado a favor de los consumidores a los que las eléctricas deberán devolver unos 300 millones de euros de forma global.
La cifra concreta por hogar "dependerá del perfil de consumo", ha señalado Soria. Según la OCU, la devolución rondará los 40 euros por consumidor.
Esta "refacturación", la primera positiva para los consumidores según ha destacado Soria, se hará también en los próximos recibos.
Todos estos ajustes de facturación, tanto los del primer trimestre como los de los siguientes meses, deberán especificarse claramente en el recibo.
Todos estos cambios afectan al componente de energía del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que sustituye a la antigua tarifa de último recurso (TUR), tarifa regulada a la que están acogidos unos 16 millones de consumidores con una potencia contratada de menos de 10 kilovatios (kw).
Este componente de energía supone alrededor de la mitad del recibo eléctrico, al que se suman los peajes de acceso que determina el Gobierno para retribuir las actividades reguladas, y los impuestos. En una factura de 50 euros, se pagan 20,6 euros de peajes, 18,7 euros de energía y 10,7 euros de impuestos.
ADVIERTEN QUE ES "EXCESIVAMENTE COMPLEJA"
El nuevo mecanismo para calcular el recibo de la luz ha suscitado criticas tanto de las eléctricas como de los consumidores o los sindicatos.
Desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) se ha insistido hoy en que es "excesivamente compleja" y ha alertado de que generará "discriminación" entre los ciudadanos.
El sindicato UGT también ha señalado hoy que es "confuso y está abocado al fracaso", ante lo que pide al Gobierno que busque una solución que no perjudique a los ciudadanos.
Las eléctricas han venido advirtiendo en las últimas semanas de las dificultades técnicas que conlleva la puesta en marcha de este nuevo mecanismo ante lo que habían pedido un periodo mayor para adaptarse.
