La administración -en sus diferentes niveles- estará totalmente interconectada y desaparecerá el papel en todas las gestiones administrativas, gracias a las leyes que el Gobierno ha puesto en marcha y que completan el proceso de reforma de las administraciones.
El Consejo de Ministros ha visto los anteproyectos de ley de régimen jurídico del sector público y de procedimiento administrativo único de las administraciones, de los que han informado en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La aplicación de las medidas puestas en marcha por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha supuesto un ahorro acumulado para el Estado de 18.187 millones de euros y se ha traducido en la supresión de 2.029 organismos o empresas públicas.
DOS ANTEPROYECTOS DE LEY
El primero -régimen jurídico del sector público- regulará las relaciones externas entre las distintas administraciones y los administrados, es decir, los ciudadanos, ha explicado Montoro. Incide este anteproyecto en la consolidación fiscal, estableciendo nuevas causas de disolución de entidades públicas -cuando estén en desequilibrio económico durante más de dos ejercicios o se constate que no cumplen el fin para el que fueron creadas- e imponiendo exigentes condiciones para la creación de nuevos entes, que deberán estar plenamente justificados y ser sostenibles financieramente.
La futura ley de procedimiento administrativo común se centrará en la regulación sistemática de las relaciones internas entre administraciones.
Ambas, ha dicho Sáenz de Santamaría, son la "consolidación" y "cristalización" de los principios que han inspirado la reforma de la administración, que acumula ahorros de 18.000 millones de euros y ha supuesto la supresión de 2.029 entes públicos, y cuyo objetivo es lograr una administración moderna, ágil, transparente y eficiente.
Una de las principales novedades de la entrada en vigor de ambas normas, destaca el Gobierno, será la desaparición del papel en las relaciones con la administración.
Así, los ciudadanos y empresas podrán realizar gestiones "en cualquier momento, y con independencia de cuál sea el organismo al que se dirijan", ha aseverado Montoro.
"Ningún ciudadano se encontrará con que no puede realizar un trámite porque le falte un documento", ha continuado el ministro de Hacienda quien ha hecho hincapié en que, a partir de ahora, será la administración la responsable del documento que ya obre en su poder.
Con este fin, el Gobierno extenderá los medios que permitan la identificación electrónica de los ciudadanos, aunque aclara que para aquellos que no tengan internet o que no deseen utilizar la red en su relación con la administración, podrán continuar recibiendo asistencia de los funcionarios.
Las empresas tendrán que relacionarse "obligatoriamente" de forma electrónica con la administración, tal y como hacen ya con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, un modelo de gestión de eficacia probada, según Montoro, que se extenderá al resto de la administración.
Además, la comunicación entre administraciones será íntegramente electrónica, se creará un inventario único y público de todos los organismos y actividades de la administración y un registro estatal con los órganos de cooperación de la administración general del estado y los convenios suscritos con el resto de administraciones.
La administración, dice el Gobierno, ganará en transparencia y eficacia de cara al ciudadano, así como en la relación entre los distintos niveles que la componen.
REGULACIÓN DE LA CONFRENCIA DE PRESIDENTES Y DE LAS CONFERENCIAS SECTORIALES
Entre las medidas propuestas en el anteproyecto, figura la regulación por ley del funcionamiento de la Conferencia de Presidentes -el órgano creado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para coordinar a las autonomías- y de las conferencias sectoriales, que serán informadas de los cambios normativos que puedan afectar a las competencias territoriales.
Se trata en definitiva, ha dicho Montoro, de un impulso legislativo a la reforma de las administraciones que "está facilitando la salida de la crisis", al reducir la necesidad de financiación y que se dirige hacia una administración más transparente y eficaz.
"Es lo que necesita un país como España, plenamente europeo y una economía competitiva que dé respuesta a la necesidad de crear empleo", ha señalado el ministro de Hacienda quien ha destacado que el "impresionante" ahorro de 18.000 millones que acumula la reforma ha sido "en buena parte" posible gracias al esfuerzo de autonomías, diputaciones y ayuntamientos.
De las 222 medidas para esta reforma que planteó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), un 85 por ciento están totalmente implantadas o en fase total de implantación.
La reforma, ha indicado Sáenz de Santamaría, ha generado además un ahorro para empresas y particulares de 1.700 millones de euros. El desarrollo del informe CORA está suponiendo la detección de la necesidad de implantar nuevas medidas.
El Consejo de Ministros ha puesto en marcha otras 19, entre ellas el cambio de domicilio a través de la plataforma de internet de gestión de datos, o la habilitación de centros de reconocimiento de conductores para la gestión del carné a las personas con discapacidad cuando se mantengan las condiciones por las que fue concedido.
