El consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha dicho que no sabe "qué expedientes se han llevado" los agentes de la Guardia Civil que acudieron ayer a la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía por orden de la juez Mercedes Alaya.
Agentes de la Guardia Civil se personaron ayer miércoles en la sede de la Dirección General de Formación andaluza para reclamar una serie de expedientes de ayudas a la formación, dentro de la investigación sobre el uso de fondos de formación desarrollada por la juez del juzgado de instrucción número 6, Mercedes Alaya.
Los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en estas dependencias para pedir documentación que la juez ya había solicitado a la Administración autonómica y que todavía no se había enviado al juzgado.
"No sé que expedientes se han llevado, la juez nos lo dirá", ha dicho el consejero ante la comisión parlamentaria de Educación, en la que ha comparecido -a petición del PP- para informar sobre la tramitación administrativa de los expedientes de reintegro "de cantidades indebidamente percibidas por UGT en concepto de subvenciones para la formación para el empleo".
Previamente, el 20 de marzo, la Dirección General de Formación para el Empleo recibió una diligencia en la que se le requería un informe de gestión y justificación de las ayudas concedidas a los diferentes agentes sociales y un desplegable de las ayudas a la formación para el empleo desde el 2004 hasta el 2011.
Ese mismo día se les requirió también el acceso a las aplicaciones informáticas de los cursos para desempleados y de la Formación Ocupacional y Actividades Complementarias, unos datos que la dirección general remitió a los servicios jurídicos.
LOS JUZGADOS SEVILLANOS HABILITAN UNA SALA PARA ALMACENAR LA DOCUMENTACION
Por su parte, el decanato de los juzgados de Sevilla ha habilitado una sala para almacenar la documentación de la Junta sobre las ayudas de 49,5 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), que la Guardia Civil va a entregar a partir de hoy a la juez Mercedes Alaya.
Se trata de la tercera macrocausa que precisa de una sala especial en la sede de los juzgados de Sevilla, ya que también la tienen el caso de los ERE, que instruye la titular del juzgado número 6, Mercedes Alaya, y la causa por presuntas irregularidades en las inversiones de la empresa pública Invercaria, a cargo del juez de instrucción 16, Juan Gutiérrez Casillas.
Personal de los juzgados ha comenzado a trasladar estanterías a la sala designada como almacén, que casualmente es la misma que utilizó como despacho Iván Escalera, el juez que durante cinco meses de 2012 fue magistrado de refuerzo a Alaya y durante otros cuatro meses la sustituyó, durante su baja por enfermedad.
