Junts guarda silencio en el debate del primer decreto del Gobierno, que no suma apoyos
- PSOE, Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG han confirmado su voto a favor, y Coalición Canaria también tiene previsto apoyar el decreto, pero todo depende del sentido del voto de Junts
Junts ha decidido no intervenir en el debate del primero de los tres decretos que este miércoles debería convalidar el Congreso, que por el momento no suma los apoyos suficientes para salir adelante al ratificar el PP y Vox su voto en contra.
PSOE, Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG han confirmado su voto a favor, y Coalición Canaria y EH Bildu, que no han participado en el debate, también tiene previsto apoyar el decreto, pero todo depende de la decisión de Junts, que sigue negociando con el Gobierno y, por el momento, se mantiene en el "no", con lo que la norma no podría ser convalidada.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rogado el voto de todos los diputados, pero el portavoz socialista, José Luis Acebes, se ha centrado en el PP, al que ha advertido de que si rechaza este primer decreto, con reformas en la justicia, la administración local y el mecenazgo, se convertirá en un "partido antisistema".
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Salvo Junts, los aliados de la investidura han anunciado su voto a favor, aunque no han escatimado críticas con el texto diseñado por el Gobierno y han exigido que se tramite como proyecto de ley en el Parlamento para poder enmendarlo.
"Junts ni siquiera ha bajado a debatir y debe estar negociando en algún despacho oscuro y demostrando quién gobierna de verdad en este país", ha comenzado su intervención el diputado del PP, Pere Huguet Tous, crítico con el "refrito" que ha elaborado el Gobierno con este decreto de 170 páginas, 4 libros y 27 capítulos que representan un "código completo que usurpa las facultades legislativas al Parlamento".
A su juicio, "lo mejor" que le puede pasar a la Justicia es que no se convalide la iniciativa porque la Justicia "no puede soportar ninguna chapuza más".
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Huguet Tous ha defendido que no existe la urgente necesidad en la que se justifica el real decreto, que demuestra que el Ejecutivo "no tienen ningún modelo de Justicia", en el que se habla de herramientas tecnológicas sin que aún estén "implantadas" las aprobadas en 2011 y que, una vez más, responde a las reivindicaciones y acuerdos con otros partidos como el PNV.
Desde Vox, Emilio Jesús del Valle ha afeado los más de 140 decretos ley aprobados por el Gobierno en los últimos cinco años y ha censurado las medidas incluidas para "contentar a los separatistas y nacionalistas", como la rebaja del número de habitantes exigidos para constituir nuevos municipios.
ERC ha confirmado el apoyo al decreto, pero ha advertido al Gobierno de que los grupos no están "a su servicio"; el sí "no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que hay, lo que hay es la voluntad de hablar, ha avisado la diputada Pilar Vallugera, quien, entre otras mejoras, ha reclamado más financiación para digitalizar la justicia y garantizar el uso del catalán en los juzgados.
Incluso la portavoz de Sumar, Engracia Rivera, ha cuestionado el uso de decretos ley para legislar y ha confiado en mejorar el texto con enmiendas, al tiempo que ha recordado al PP que tienen una "oportunidad de oro" para demostrar que son un partido de Estado con una oposición responsable.
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La diputada de Podemos Martina Velarde ha anunciado el voto a favor de la formación morada del primer decreto, aunque ha advertido al Gobierno de que "la urgencia no puede suponer el que Gobierno obvie su obligación de diálogo parlamentario" y ha denunciado la falta de negociación con todas las formaciones.
El PNV ha asumido que era necesario aprobar el decreto antes de fin de año para recibir los 10.000 millones de euros europeos sin dilaciones ni quitas, pero ha insistido también en la necesidad de mejorar una norma que contiene algunas medidas "totalmente contraproducentes para la finalidad" que buscan, en palabras de Mikel Legarda.
El real decreto en cuestión incorporó el grueso de varias iniciativas que se estaban tramitando en el Congreso en la pasada legislatura, como las leyes de eficiencia digital y procesal en la administración de justicia, la ley de función pública o la de mecenazgo.
Eran reformas comprometidas con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su aprobación antes de fin de año, sostiene el Gobierno, permitía a España solicitar de forma inmediata a Bruselas el desembolso de 10.000 millones de euros.
