La Audiencia Nacional levanta la suspensión cautelar de las exhumaciones en Cuelgamuros

La Audiencia Nacional ha acordado levantar la suspensión cautelar de las exhumaciones que se llevan a cabo por parte de Patrimonio Nacional en el Valle de Cuelgamuros --antiguo Valle de los Caídos-- después de que la Abogacía del Estado presentara alegaciones explicando que la familiar de la persona que solicitó parar los trabajos no fue inhumada en la capilla donde están ahora los forenses.

Así lo ha confirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres en su cuenta de 'X', antiguo Twitter, donde ha celebrado la decisión del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 y ha informado de que ahora "se retoma la actividad de los forenses". "La reparación y la restitución de la dignidad son actos de justicia", ha añadido.

Fue este jueves cuando trascendió que la Abogacía del Estado había solicitado levantar la paralización de las exhumaciones porque los restos de la mujer enterrada en el mausoleo, y cuya nieta impulsó el recurso que logró parar los trabajos cautelarmente, no se encuentran en la Capilla del Sepulcro, que es donde se están realizando las exhumaciones, y por tanto "no puede verse afectada".

Subrayaba así que la recurrente carecía de legitimación para recurrir porque "el interés que se invoca es meramente hipotético" y añadía que "los perjuicios que de manera absolutamente genérica invoca la recurrente son inexistentes pues (...) los restos de la abuela de la recurrente están plenamente identificados y localizados y no son objeto de las actuaciones".

Respondía así a la decisión de la Audiencia Nacional que ordenó a Patrimonio Nacional paralizar las exhumaciones tras admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de las apenas 200 mujeres enterradas en la Basílica del Valle de Cuelgamuros.

Abogados Cristianos consideraba que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de la Presidencia suponían "una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa". La organización de juristas argumentaba que, "el derecho constitucional a la libertad religiosa, ampara el derecho a una digna sepultura".

Aseguraba que "la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa". Denunciaba que "para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares".

"Esto es otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que busca con estos trabajos es dañar la Basílica. No descansaremos hasta que se respete nuestra libertad religiosa y la Cruz más grande del mundo", señalaban.