Alrededor de un centenar de funcionarios de la administración de Justicia se ha concentrado ante el Ministerio que dirige Pilar Llop tras decidir por una mayoría "aplastante" seguir con la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 22 de mayo para exigir mejoras salariales y laborales.
Los trabajadores se mostraron "a favor de conseguir reconocimiento profesional y acabar con el clasismo" del que los sindicatos acusan al Ministerio de Justicia, y "exigieron" a sus representantes sindicales en asambleas de todo el país continuar con el paro para forzar el diálogo ahora roto, ha explicado a los medios el portavoz de CCOO, Javier Hernández.
Una responsabilidad que para los trabajadores es solo del Gobierno, al que exigen un "interlocutor válido", tras la "espantada" del secretario de Estado de Justicia, Tonxtu Rodríguez, en la última reunión mantenida en el Ministerio el martes de la semana pasada.
Este último encuentro de los tres que han mantenido ambas partes, en el que la única "oferta" que hizo el Ministerio fue retomar las negociaciones cuando se constituyan los nuevos gobiernos, desembocó en un encierro de cinco sindicalistas durante tres días en la sede del Ministerio para forzar el diálogo.
En las asambleas celebradas este lunes, el apoyo a mantener la huelga fue prácticamente unánime en territorios como la Comunidad de Madrid, Asturias y Murcia capital, y solo se rechazó en Valencia, Córdoba y Huelva.
Además, los sindicatos han anunciado nuevas movilizaciones y manifestaciones, como la que previsiblemente se celebrará la semana del 26 de junio que "debería terminar en Moncloa", según Hernández, de CCOO.
Los funcionarios reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la negociación de cualquier nueva ley que plantee "modificaciones que afecten a las condiciones de trabajo".
Críticas a la negociación con los Letrados de la Administración de Justicia
Sindicatos han criticado que el Ministerio de Pilar Llop haya convocado la mesa de negociación sobre la subida salarial de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para el 16 de junio y no negocie con los funcionarios, una acción que, según han denunciado, "sobrepasa todos los límites aceptables del respeto a los trabajadores y a la ciudadanía".
En un comunicado, han recordado que el cuerpo de LAJ es "uno de los detonantes de la huelga del resto del personal", por lo que desde el Comité de Huelga del personal funcionario de Justicia exigen al Gobierno "una desautorización inmediata de la ministra Llop y del Secretario de Estado de Justicia Tontxu Rodríguez", además de reclamar al resto de partidos políticos "una reacción clara en contra de esta agresión".
"Para el comité de huelga y para el personal de Justicia es un insulto inaceptable más de este Ministerio y de este Gobierno y, por este motivo, denunciamos y rechazamos firmemente esta convocatoria y exigimos que se suspenda cualquier negociación mientras no se aborde la solución negociada al conflicto en Justicia", han reclamado.
Así, han pedido explicaciones al Ministerio que "tiene que explicar a la ciudadanía" porque la retirada de la LOEO "no afecta a la subida de los LAJ y sí que les impide formular propuesta retributiva al resto del personal de la oficina judicial".
Pilar Llop pide abandonar maximalismos
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido a los funcionarios del sector que mantienen una huelga indefinida desde el 22 de mayo que no vayan a "maximalismos" y "miren por el buen funcionamiento del servicio de público de Justicia", ya que con el paro se hace un daño grande a los ciudadanos.
En declaraciones a los periodistas en Vigo, Llop ha ratificado su respeto a la huelga y ha asegurado a los funcionarios que es "absolutamente sensible" ante sus reivindicaciones, pero ha insistido en la dificultad de llegar a acuerdos cuando todavía no se han constituido los nuevos gobiernos autonómicos y doce comunidades tienen la competencia de Justicia transferida.
Según ha apuntado, han tenido tres reuniones con los representantes de los funcionarios y estos han rechazado las "ofertas" que les ha hecho el Ministerio.
La ministra ha insistido en que el momento es "complejo", ya que todavía no se han conformado los gobiernos autonómicos y no hay por tanto interlocutores válidos para acordar aumentos retributivos en las comunidades con competencias.