Los independentistas de la ANC convocan una manifestación contra la reforma de sedición
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado para el próximo 6 de diciembre, día de la Constitución, una manifestación en Barcelona para mostrar su rechazo a la reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno para suprimir la sedición y sustituirla por "desórdenes públicos agravados".
Según ha manifestado la entidad independentista a través de un comunicado, la reforma legal tiene "un doble objetivo no disimulado como es castigar la movilización independentista en las calles y penalizar más cómodamente hechos como los del 1-O por ocupar instalaciones o edificios".
La manifestación está prevista para el próximo 6 de diciembre a partir de las 12:00 horas y terminará frente al Palau de la Generalitat: "No podemos dejar que este proyecto tire hacia adelante y menos aún con los votos de nuestros representantes políticos".
Feijóo garantiza que recuperará el delito de sedición cuando llegue a Moncloa
Socialistas y Podemos presentaron este viernes en el Congreso una reforma que rebaja de 15 a cinco años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse "desórdenes públicos agravados", con un máximo de ocho años de inhabilitación.
La ANC ha defendido que "si bien es cierto que esta reforma de la sedición puede rebajar las penas de cárcel a unos pocos, no lo es menos que también facilita y comporta la aplicación del Código Penal y penas de cárcel a miles de activistas que ejerzan el derecho de manifestación".
¿Qué es el delito de sedición y a quién beneficia su eliminación?
La entidad independentista ha señalado que el texto presentado recoge explícitamente que serán castigadas con penas de hasta tres años de cárcel la "invasión de instalaciones o edificios", la "obstaculización de vías públicas que representen un peligro para la vida o la salud de las personas", así como cualquier acto "de intimidación sobre las personas o las cosas".
La organización ha defendido que este texto "llevaría a la cárcel a las decenas de miles de personas que permitieron y protegieron el referéndum sobre la independencia en edificios y escuelas públicas, así como los miles de personas que, ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica, cortaron carreteras o vías públicas para alertar al mundo de la represión del Estado Español".
