El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que la reforma local, que hoy será aprobada en el Senado, contribuirá a que 2014 sea el primer año en el que se experimente crecimiento económico tras más de cinco años de recesión. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido ante el Pleno del Senado la reforma de la administración local, que será aprobada por esta cámara y ratificada el jueves en el Congreso, para su entrada en vigor el uno de enero próximo. Montoro ha vuelto a defender la necesidad de esta ley y su contenido y ha vuelto a encontrarse con el rechazo de toda la oposición salvo el PNV y UPN: siete vetos y varios anuncios de que la norma será llevada al Tribunal Constitucional.
El penúltimo debate de esta ley ha convocado en la Cámara Alta a alcaldes a favor y en contra, del PP y del PSOE, que lo han seguido desde la tribuna en distintos momentos de la mañana, junto a representantes de la Federación Española de Municipios y de la de Entidades Locales Menores.
El ministro ha resumido los beneficios que según Hacienda tiene el proyecto: termina con la duplicidad de competencias, introduce el criterio de la eficiencia en la prestación de servicios públicos y respeta la autonomía municipal. "No elimina ayuntamientos, fomenta la fusión, potencia los servicios sociales y los de educación y sanidad, al delimitar claramente la definición competencial de las administraciones. Es por tanto un proyecto que potencia los servicios públicos y no promueve su privatización", ha defendido el ministro, provocando rumores y comentarios desde los escaños.
Montoro ha defendido a continuación el nuevo papel más protagonista de las diputaciones --"que garantizan servicios de calidad con independencia del lugar donde reside el ciudadano"-- y el respeto al "municipalismo". "Es una reforma municipalista, reconoce el papel político de los gestores que están más cerca de los ciudadanos. No elimina su número sino que potencia su actividad", ha añadido, generando de nuevo protestas desde los escaños.
El ministro ha admitido cómo la ley "ha ido modulándose" con el paso del tiempo y con las aportaciones que ha recibido de las Comunidades, de los ayuntamientos y del Consejo de Estado, "que cambió un elemento fundamental de esta ley, el coste estándar por el coste medio, que es el que ahora se establece". "Hemos ido recibiendo la sensibilidad de todos, por todos y para todos. Un amplio debate, en el que el Gobierno ha tenido siempre una postura dialogante", ha defendido.
También ha defendido que se trata de hacer más eficiente la prestación de servicios y ha negado una vez más que se busque su privatización. "Habrán de gestionarse de manera sostenible y eficiente para que podamos tener servicios viables y velar por un mejor uso de los recursos de los ciudadanos. Es la garantía de que los recursos de los ciudadanos producen la mayor rentabilidad económica y social", ha dicho.
El ministro ha vuelto a explicar en este punto las medidas tributarias y de financiación que ha tomado el Gobierno en esta legislatura para ayudar a los ayuntamientos y ha repasado las grandes cifras. También ha aprovechado de nuevo para ensalzar que las entidades locales están superando los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados. "Es un comportamiento financiero que merece destacarse y tenemos que seguir incentivándolo", ha dicho.
EN CONTRA
El texto ha recibido en el Senado el veto de IU, ERC, Amaiur, ICV, PSC, CiU y PSOE. "Hay que reformar la vida local, pero ustedes renuncian a solucionar las verdaderas preocupaciones de competencias y financiación", ha dicho de entrada Tontxu Rodríguez, portavoz socialista. Rodríguez ha puesto de relieve el rechazo provocado por la iniciativa, en el que ha incluido también a cientos de alcaldes del PP y alguna comunidad autónoma gobernada por este partido.
"Esta ley ha recibido críticas de todos. Del Consejo de Estado, con un informe demoledor que dice que la ley no cumple con los objetivos que se propone", ha agregado, para negar también los 8.000 millones de ahorro anunciados. "Esto es falso, no nos engañen más", ha sentenciado, para criticar que la actividad municipal quedará supeditada a partir de ahora a la sostenibilidad financiera.
El senador también ha rechazado que se vaya a aclarar el reparto de competencias, por la delegación de competencias que se podrá hacer con esta ley, incluidas las empresas privadas, ha dicho. "Menos gobiernos locales, menos gestión pública y más gestión privada, menos servicios y más costes", ha dicho el portavoz socialista, para quien están "en riesgo" muchos de los servicios que prestan los ayuntamientos.
Por parte de CiU, Maite Rivero, ha calificado el proyecto como "minucioso plan contable que demuestra poca sensibilidad y conocimiento del tema". La senadora ha advertido de que la ley contraviene las competencias autonómicas, especialmente las de Cataluña, pero también ha asegurado que la reforma "olvida el principio de subsidiariedad y atenta contra el equilibrio territorial: deja en precario las zonas rurales y a los municipios más pequeños".
ALCALDES ENFRENTADOS
El debate de la iniciativa ha reunido en el Senado a alcaldes del PP y del PSOE e IU convocados por sus partidos para mostrar el apoyo y el rechazo, respectivamente, a esta reforma. Antes de que comenzara el Pleno, el ministro Montoro se ha fotografiado junto a una docena de alcaldes de su formación, entre ellos, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el vicepresidente de la FEMP y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, que han querido respaldar así esta reforma. Han estado arropados también por la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y los vicesecretarios 'populares' Esteban González-Pons, Javier Arenas y Carlos Floriano, así como por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Manuel Barreiro.
Unas horas después, en la Plaza de la Marina Española, se reunía medio centenar de alcaldes y concejales del PSOE e IU junto a otros cargos socialistas para expresar lo contrario, su rechazo a esta iniciativa. Entre ellos, el responsable federal de política municipal socialista, Gaspar Zarrías, y el alcalde de Toledo y senador Emiliano García-Page.
