Patxi López advierte que los vocales que no cumplan el nuevo procedimiento "deberán asumir responsabilidades, incluso de carácter penal"
- El PSOE presiona a los jueces con un cambio de mayorías en la elección de los vocales del Constitucional
El PSOE y Unidas Podemos han aprovechado su proposición de ley de supresión del delito de sedición para presentar dos enmiendas destinadas a forzar el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional y concretamente los dos puestos que competen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): por un lado, se rebajarán las mayorías en el Consejo para nombrar magistrados y, por otro, se imputarán responsabilidades penales a los vocales que impidan los nombramientos.
El PSOE presiona a los jueces con un cambio de mayorías en la elección de los vocales del Constitucional
Una de las enmiendas implica reformar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden, de modo que ahora bastará con mayoría simple en el Consejo.
El Portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en rueda de prensa justificó que toman esta medida de cambiar la ley del Poder Judicial, aprovechando esta reforma del Código Penal, porque "no hay precedente de situación tan grave" y que impide la renovación de los órganos judiciales.
La segunda enmienda modificará la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional de modo que, si pasados los 9 años y 3 meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, "uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta", se procederá "a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional". De esta manera, PSOE y Podemos acaban con la unidad del tercio del TC que corresponde nombrar al Gobierno y al CGPJ, dos magistrados por parte de cada institución
Así, explicó que la propuesta del PSOE pasa por establecer un procedimiento con "mandato de plazos claros" y con "carácter imperativo" para que los miebros del CGPJ elijan a la cuota que le corresponde (2) del TC.
De tal manera que, explicó López, en cinco días desde la entrada en vigor de la reforma, el presidente del CGPJ tiene que abrir plazo de presentación de candidatos, donde cada vocal del órgano de gobierno de los jueces puede presentar a un candidato como máximo.
Después, a los tres días, se tendrá que celebrar un Pleno del CGPJ en el que se votarán los candidatos y "los dos con más votos" serán los que el CGPJ proponga para el TC. En caso de empate, expuso Patxi López, tendrá voto de calidad el presidente del órgano y decidirá. Con este sistema, los vocales deberán cumplir el procedimiento porque, según la propuesta del PSOE, "si se incumple" deben "asumir responsabilidades incluso de carácter penal".
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Tanto el socialista Patxi López como el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, confían en que estos cambios permitan desbloquear estos nombramientos que el CGPJ debía haber resuelto en septiembre.
Igualmente, se elimina la necesidad de verificación por parte del Tribunal Constitucional de los nuevos magistrados. Según un nuevo apartado al artículo 19 de la ley del Constitucional, serán las instituciones proponentes (el Congreso, el Senado, el CGPJ y el Gobierno) quienes estén obligados a comprobar que los magistrados elegidos cumple con los requisitos. Al mismo tiempo, se incluye una nueva causa de cese, según la enmienda, "por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 159.2 de la Constitución".
Con estos cambios, el Gobierno sortea todos los escollos para poder nombrar a sus dos candidatos al TC, el exministro Juan Carlos Campo y la ex asesora de Moncloa Laura Díez, sin esperar a que el CGPJ cumpla su parte.
