El Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocido como reforma local, que será directamente remitida al Senado tras su paso por la Comisión correspondiente.
En total, se habían presentado diez enmiendas de devolución, aunque el PNV ha retirado la suya en el último momento al obtener garantías del Gobierno de respeto a la foralidad, entre otras cuestiones, de forma que, junto con UPN y el PP ha votado en contra de los otros nueve vetos.
Foro Asturias se ha abstenido y el resto de la oposición ha apoyado los textos de devolución.
También se ha votado que el proyecto de ley no vuelva al Pleno tras su debate en Comisión, lo que ha sido respaldado por 174 diputados, mientras que 140 han votado a favor de que volviera y uno se ha abstenido.
MONTORO CLARIFICA LAS COMPETENCIAS
Al inicio del debate y en la presentación del texto, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la reforma clarificará las competencias, garantizará la financiación por parte de las comunidades de los servicios que presten los ayuntamientos y mejorará la transparencia municipal.
También ha valorado el superávit alcanzado en las cuentas municipales en 2012 y primera parte de 2013 y ha dicho que dentro de un año habrá un nuevo sistema de financiación local, lo que contribuirá, junto con la reforma local, al mantenimiento de esas arcas saneadas.
Sin embargo, todos los grupos de la oposición, excepto el PNV y UPN, le han reclamado que retire la reforma local, por creer que ni ahorrará ni simplificará la administración y supondrá un desmantelamiento y privatización de los servicios públicos.
El diputado del PP Juan José Matarí ha acusado a la oposición de "mentir" sobre esta reforma y de haberse quedado sin argumentos después de que se haya retirado del texto inicial la mayoría de los aspectos que rechazaban esos partidos.
Ha negado que se deje a los ayuntamientos sin competencias y ha subrayado que lo que resuelve es la financiación de las impropias, porque obliga a las comunidades a financiar a los ayuntamientos si son éstos los que las siguen gestionando.
EL PSOE TACHA EL PROYECTO DE "CHAPUZA"
Pero el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, que ha tachado el proyecto de "tropelía" y "chapuza", ha dicho que tendrá un efecto "demoledor" en el municipalismo y ha insistido en que tiene elementos de inconstitucionalidad.
Ha acusado a Montoro de mentir al apuntar que supondrá un ahorro de 8.000 millones y ha subrayado que lo que significará es el desmantelamiento de los servicios públicos y nuevos recortes al Estado del bienestar.
El alcalde de Roses (Girona) y diputado de CiU, Carles Pàramo, ha considerado que modifica "a peor" la administración más próxima a los ciudadanos, lo que pagarán los ciudadanos, sobre todo los más desfavorecidos.
La ley "empeora" los servicios y la calidad democrática, y "todo a un coste más alto", ha agregado, y ha señalado que ni mejora la financiación municipal ni logra la sostenibilidad de las finanzas municipales.
Desde la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras ha advertido de que el Estado de bienestar se ve en peligro con este "desmantelamiento que se pretende desde la base", y la reforma "demoniza" la labor de los ayuntamientos, que actuaban como "diques de contención" frente a los recortes "inmisericordes" del Gobierno.
Rosa Díez, portavoz de UPyD, ha dicho que la ley traerá "más opacidad, menos democracia, un reforzamiento del bipartidismo y de los chiringuitos relacionados con el bipartidismo" y no resolverá los problemas de financiación o de duplicidades entre las administraciones.
Desde el grupo mixto, la diputada de ERC Teresa Jordá ha asegurado que la ley retrotrae a los ayuntamientos "a los tiempos del NODO", mientras que Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha acusado a las diputaciones de ser refugio de "caciques".
La diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, ha señalado que el proyecto encubre la privatización de servicios y Uxue Barkos, de Geroa Bai, que aleja de los ciudadanos la institución más cercana.
"Con esta ley parece que todos los políticos somos iguales y eso no es así, no todos nos hemos lucrado por el dinero público", ha dicho desde la tribuna la diputada de Amaiur Onintza Enbeita.
El ministro ha cerrado el debate con un nuevo llamamiento al diálogo y a la negociación en la nueva fase que se abre ahora "para mejorar este proyecto de ley".
VICTORIA: "LA LEY DE REGIMEN LOCAL ES INVIABLE SIN FINANCIACIÓN"
Mientras, la Comunidad de Madrid advertía que la Ley de Bases de Régimen Local que prepara el Gobierno "es inviable para cualquier comunidad autónoma" porque no está acompañada de recursos financieros. Así lo ha expresado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal.
"O se dota de recursos" a esta Ley que traspasará competencias de los ayuntamientos a las comunidades autónomas o estas "no podrán asumir de golpe y en un plazo tan corto" las competencias en Asuntos Sociales, Educación y Sanidad, ha dicho Victoria.
El consejero y portavoz ha afirmado que el Gobierno de Madrid esperará hasta el final del trámite parlamentario del texto legal para ver en qué términos se aprueba y para hacer una valoración.
En el caso de la Comunidad de Madrid, ha dicho Victoria, asumir las competencias en Asuntos Sociales supondría más de 500 millones de euros.
"Por eso hemos reclamado que esa Ley, además de ser aprobada, sea viable y tenga previstas líneas de financiación", ha insistido el portavoz del Gobierno regional madrileño.
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID NEGOCIARÁ CON HACIENDA MANTENER COMPETENCIAS QUE LA REFORMA LOCAL LE QUITARÍA
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, confirmó asimismo que negociará con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una modificación de la ley de capitalidad de modo que pueda mantener algunas de las competencias que, según establece el proyecto de ley de reforma local, podría perder en beneficio de la Comunidad de Madrid, como es el caso de los servicios sociales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno, Botella rechazó la idea de que su propuesta conlleve el riesgo de generar malestar en otros ayuntamientos españoles, que podrían reclamar para sí exenciones similares a la ley prevista, en una suerte de reforma local 'a la carta'.
Nada de eso, se apresuró a aclarar la primera edil de Madrid, quien expresó su convencimiento de que su negociación particular con Cristóbal Montoro no tiene por qué enturbiar el marco de relaciones con otros municipios: "Creo en la solidaridad entre todas las administraciones", dijo, para agregar que Madrid "tiene unas características especiales porque es la capital de España y eso es evidente".
Al consistorio de la capital española le convence la reforma local que ha iniciado su debate parlamentario en las Cortes, y lo que desea preservar son las competencias en servicios sociales, el Samur y Protección Civil, lo que en teoría, de entrar en vigor la normativa tal cual ha sido propuesta por el Gobierno español, pasaría a depender del Ejecutivo que preside Ignacio González.
"Estamos de acuerdo con el fondo de la ley", que se resume en "una competencia, una administración, apuntó Botella, pero subrayó que Madrid, como Barcelona, tiene unas "características especiales" y, apuntó, "ya le dije en su momento a Montoro que Madrid pedirá reformar la ley de capitalidad" con el fin de mantener las citadas competencias.
Porque, en su opinión, "creemos que un servicio que funciona tan bien, tan valorado y que actúa en las calles de Madrid", como es el Samur, "debe permanecer en la ciudad de Madrid, y lo mismo digo de los servicios sociales".
