El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que "ha sido, es y va a seguir siendo el objetivo del Gobierno de España mantener la mejor relación" con el Ejecutivo de Argentina, sin renunciar a la defensa de los intereses de Repsol frente a la reciente expropiación del 51% de YPF.
En todo caso, Soria precisó que el Ejecutivo reclamará al Estado argentino el pago de un "justiprecio" por el 51% de YPF y "suspenderá todo tipo de tratos de preferencia en sus relaciones comerciales, económicas e industriales" con el país iberoamericano.
El ministro realizó estas consideraciones durante su intervención en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, en la que aprovechó para describir los distintos contactos con las autoridades argentinas antes de la expropiación y para lamentar el cambio de postura del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner frente a YPF.
Soria rechazó que el Gobierno haya usado un "lenguaje diplomático agresivo" en la crisis de YPF y calificó los mensajes de "proporcionados", al tiempo que lamentó la ruptura "unilateral" de contactos y del "diálogo" por parte del Ejecutivo argentino.
"España tiene la obligación de defender a los súbditos españoles en el resto del mundo y a las empresas españolas cuando están en el resto del mundo", afirmó el ministro, antes de negar una actitud "patriotera" del Gobierno. "Si ha habido sentimientos patrioteros, no los busquen a este lado del Atlántico", señaló.
"Habríamos defendido con igual intensidad los intereses de cualquier otra empresa española", aseveró el ministro, quien consideró que la expropiación "va a afectar a la credibilidad internacional de Argentina" y lamentó que al Gobierno argentino le hayan "fallado las formas", tanto al irrumpir en la sede de YPF como al romper los canales diplomáticos con España.
Soria consideró además que el Gobierno de Argentina ha aplicado una "estrategia deliberada" para hundir las acciones de YPF y facilitar su expropiación, y recordó que la propia legislación del país obliga al Estado a lanzar una OPA si desea retomar el control de la petrolera.
"Es evidente que las autoridades argentinas han desarrollado una estrategia deliberada para llevar la cotización a la baja para facilitar su expropiación", afirmó. La "campaña de hostilidad" del Gobierno argentino, el "reclamo" de dividendos y las retiradas de licencias en seis provincias productoras han provocado una caída del 60% en la cotización de YPF, señaló.
REUNIONES Y CONTACTOS
Ante el deterioro de la situación detectado a comienzos de año, el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia, viajó a Argentina el 21 de febrero para tratar la situación de YPF con el Gobierno del país. Dos días después, el representante del Estado argentino en el consejo de YPF, Roberto Baratta, se presentó en la reunión del directorio con varios representantes del Gobierno, a quienes no se les permitió participar en el encuentro.
El 28 de febrero, fue el propio Soria quien se desplazó a Buenos Aires, donde acordó con el ministro de Planificación, Julio de Vido, la creación de un grupo de trabajo español y argentino para analizar la situación.
Posteriormente, el ministro remitió por escrito los nombres de los representantes españoles y, al no obtener respuesta, intentó contactar en dos ocasiones en vano por teléfono con las autoridades del país, que se limitaron a desmentir la creación de este grupo conjunto a través de un comunicado.
En su reunión con las autoridades del país, Soria dijo haber trasladado el mensaje de que, "cuando hay problemas, lo mejor entre amigos en sentarse, hablar, dialogar y llegar a acuerdos". Además, aludió a los "miles de accionistas" que guardan sus ahorros en Repsol y sostuvo que YPF no solo es importante para la petrolera española, sino para España.
RAJOY ESCRIBIO UNA CARTA SIN RESPUESTA
En una reunión celebrada entre el Gobierno argentino y Repsol el 11 de abril, cinco días antes de la nacionalización las autoridades del país llegaron a pedir medidas "poco realistas o irrealizables", como la de que "todas las inversiones del grupo en el mundo se dirijan a Argentina", señaló el ministro.
Soria también explicó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enviado una carta a Fernández de Kirchner para expresar su rechazo con la expropiación, si bien no ha recibido respuesta por el momento.
LA OPOSICION CRITICA TANTO LA CONFISCACION DE YPF COMO LA POSCION DESENFOCADA DEL GOBIERNO
Por su parte, los partidos de la oposición coinciden en criticar la decisión del Gobierno de Argentina de expropiar a Repsol un 51% de YPF, pero critican al mismo tiempo la posición "desenfocada" del Gobierno al adoptar una postura "patriotera" y un lenguaje "enormemente agresivo" durante la gestión del conflicto.
El diputado socialista José Segura aseguró que el PSOE apoyará al Gobierno frente a Argentina e insistió en que esta posición parte de la necesidad de defender "la normativa y el Derecho internacionales", así como los "valores democráticos que los impregnan".
Por su parte, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre calificó la medida adoptada por el Ejecutivo argentino de "acto de gran hostilidad" y de "confiscación", y expresó el apoyo de su grupo a "todas las actuaciones que pueda emprender el Gobierno tanto a nivel internacional como europeo para defender los intereses de la compañía" en particular y la seguridad jurídica en general.
Pedro Quevedo, del Grupo Mixto, expresó su "preocupación" por la "gestión enormemente agresiva" realizada por el Gobierno y dijo no ver "claro" que este "lenguaje" vaya a facilitar la resolución del conflicto ni la actividad del "número importante de empresas de gran dimensión que operan en Argentina".
El diputado del PNV Pedro Azpiazu consideró que el Ejecutivo ha respondido a la expropiación de YPF de una forma "excesivamente patriotera y desenfocada", al tiempo que rechazó la medida adoptada por el Gobierno argentino por vulnerar los principios de seguridad jurídica. "Argentina debería ser un país lo suficientemente maduro para respetar las reglas del juego", señaló.
Por parte de UpyD, Rosa Díez aseguró que su formación "apoyará todas las actuaciones" del Gobierno encaminadas a "restablecer la seguridad jurídica y el respeto de las relaciones comerciales e internacionales". La actuación del Ejecutivo "ha estado demasiado cargada sobre la empresa Repsol y ha sido demasiado escueta en la defensa de la seguridad jurídica", señaló.
Por parte del Grupo de la Izquierda Plural, Chesús Yuste se mostró más preocupado por los trabajadores de Repsol que por sus accionistas y señaló que, en la gestión de este conflicto, "el Gobierno no está para hacer patria".
Argentina "tiene derecho" a controlar sus recursos, pero "el problema está en cómo se hace la nacionalización" y en las "formas" empleadas. "No nos parece bien" la actuación del Gobierno argentino, señaló, antes de calificar de "deplorables" las irrupciones de autoridades argentinas en la sede de YPF y en el domicilio en Buenos Aires del presidente de Repsol, Antonio Brufau.
