El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado que el coste total del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas Castor se sitúa alrededor de los 1.700 millones de euros.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso, Soria ha recordado que la actividad de almacenamiento de gas está regulada y, por tanto, tiene la consideración de coste del sistema y se retribuye mediante la tarifa, aunque solo una vez que entra en funcionamiento, en el marco del sistema gasista.
El ministro ha detallado que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.
De esta manera, el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a los 700 millones presupuestados inicialmente.
PIDE AL SUPREMEO QUE DECLARE LESIVO INDEMNIZAR AL ALMACÉN
El Ministerio de Industria ha solicitado al Tribunal Supremo que declare lesiva una cláusula incluida en la autorización administrativa del almacén subterráneo de gas Castor que establece una indemnización en caso de que se paralice definitivamente el proyecto.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado esta petición al considerar que se trata de "una cláusula claramente abusiva para el interés general".
La actividad del almacén subterráneo de gas Castor, ubicado frente a las costas de Vinarós (Castellón), se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se analice su posible relación con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona.
El ministro ha explicado que el real decreto de 2008 por el que se concedía la autorización administrativa al proyecto recoge que, en caso de suspensión o finalización de la concesión, la instalación pasaría a ser titularidad del Estado.
