Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han apostado por los contenidos de la reforma local, mientras que las regidas por el PSOE y los nacionalistas la han rechazado, al considerar que es recentralizadora y vulnera la distribución de competencias.
Así se han expresado durante el debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.
El consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell, ha afirmado que no respeta el Estatuto de Cataluña, que "supedita a la normativa estatal, y ha considerado que la normativa "va más allá de la Constitución".
Ha lamentado que el traspaso de competencias no vaya acompañado de financiación y ha puntualizado que la recentralización y uniformidad es "la medicina errónea" de esta reforma.
"ESCENARIO PRECONSTITUCIONAL", SEGÚN VALDERAS
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha coincidido en que supone la "recentralización política del poder local" y un "escenario preconstitucional", elaborado desde una "posición economicista" al dictado de la troika europea.
Ha indicado que vulnera su Estatuto y ha lamentado la falta de consenso "político y territorial" con el que nace la reforma, constituida por el PP "en absoluta soledad".
El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reclamado "los recursos necesarios" para poder cumplir con "el mandato de no incremento del gasto", aunque cree que se trata de una "reordenación obligada" de la administración local debido a los cambios que ha experimentado el marco autonómico en los últimos 30 años.
VALENCIA Y LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El consejero de Presidencia de la Comunidad Valenciana, José Císcar, ha apoyado la futura reforma porque es "absolutamente necesario simplificar el mapa competencial" y "clarificar competencias". Ha valorado que en 2014 se revise el modelo de financiación autonómica y local para poder "abordar con garantías todo el proceso de asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas en los plazos establecidos por la reforma local".
La consejera de Presidencia de Cantabria, Leticia Díaz, ha considerado que esta reforma no se puede abstraer del resto que ha emprendido el Gobierno y ha apelado a la "leal corresponsabilidad" para mejorar la gestión de las administraciones y garantizar los servicios esenciales.
El consejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, ha dicho que atenta e invade competencias de su comunidad y genera desigualdades graves, especialmente en financiación.
ARAGÓN: "LA REFORMA LLEVARÁ LOS SERVICIOS HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN"
El consejero de Política Territorial e Interior de Aragón, Antonio Suárez, ha indicado que la reforma llevará los servicios hasta el "ultimo rincón" de la comunidad autónoma y que es "absolutamente necesaria" para "garantizar la prestación de todos los servicios públicos en las mejores condiciones de calidad y costes".
Desde Castilla-La Mancha, su consejero de Presidencia, Leandro Esteban ha opinado que es "imprescindible" y ha rechazado que se trate de una "iniciativa impuesta", pues los textos han sufrido "modificaciones sustanciales" desde el inicio de la negociación, lo que muestra que es una "norma dinámica".
El consejero de Presidencia de Canarias, Francisco Hernández, ha insistido en que "vulnera la autonomía municipal consagrada en la Constitución", al tiempo que ha destacado la "ausencia" de mención a la singularidad canaria, en referencia a los cabildos insulares.
Para el consejero navarro de Administración Local, José Javier Esparza, era necesario reformar el modelo municipal, por lo que ha dado la bienvenida al texto actual, que incluye la especificidad de Navarra, aunque para mejorar "todavía más" UPN ha presentado una serie de enmiendas.
El consejero de Administración Pública extremeño, Pedro Nevado-Batalla, ha señalado que aportará "constitucionalidad, racionalidad y municipalismo en beneficio de los ciudadanos" y ha destacado "los instrumentos de control y de evaluación de la actividad" incorporados con la nueva ley.
Salvador Victoria, consejero de Presidencia de Madrid, ha elogiado la labor del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que "ha impulsado las reformas necesarias" para sacar a España de la situación económica en que la dejó el anterior Gobierno del PSOE, y ha mostrado el "total respaldo" a la reforma local, que "clarifica competencias, evita duplicidades y aporta un mayor control financiero".
El consejero de Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha recordado que fueron "muy críticos" pero que Montoro se ha mostrado "muy sensible" con sus peticiones, por lo que apoyan el proyecto del que está seguro que supondrá "la racionalización" de las administraciones en España.
La consejera de Administración Pública de Melilla, Catalina Muriel, ha defendido la reforma, que contempla las especificidades de su ciudad y de Ceuta, y ha precisado que resolverá cuestiones hasta ahora no resueltas en competencias.
MONTORO EXPRESA LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO POR MEJORAR LA REFORMA LOCAL
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha expresado la voluntad del Gobierno de mejorar y modular el contenido de la reforma local durante su tramitación en el Senado, así como en el año 2014 cuando se empiece a aplicar.
Montoro se ha manifestado así en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, celebrada hoy en el Senado, para tratar sobre la reforma local y ha apostado por "tratar de aunar todas las voluntades", al considerar que las "divergencias" también enriquecen.
LA COMUNIDAD DE MADRID NIEGA A HACIENDA
La Comunidad de Madrid ha indicado que cerró el pasado mes de septiembre con un déficit del 0,84 % del PIB en términos de contabilidad nacional, y no del 1% como ha publicado el Ministerio de Hacienda, que según fuentes del Ejecutivo regional ha computado gastos "que no se han llevado a cabo todavía".
La Consejería de Economía han sostenido que la cifra de déficit del 0,84% del PIB refleja la "ejecución real del gasto" de Madrid y está en línea con el objetivo de cumplimiento para todo el año 2013, del 1,07%.
Según los datos de Hacienda, todas las comunidades autónomas tenían déficit en sus cuentas hasta septiembre excepto Baleares, que presenta equilibrio presupuestario, según los datos de contabilidad nacional que ha hecho públicos hoy el Ministerio de Hacienda.
Las autonomías registraron un déficit en términos de contabilidad nacional de 10.220 millones de euros, el 1 por ciento del PIB, un dato "coherente con el objetivo de estabilidad fijado para el conjunto del año", según Hacienda.
