Un juez madrileño abre diligencias para investigar la votación de la reforma laboral en el Congreso
- La denuncia ha sido interpuesta en el juzgado por el abogado Esteban Gómez Rovira por “presunto delito informático y otros”
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero Sánchez, ha acordado abrir diligencias para investigar un “presunto delito informático” en la votación del Real Decreto de la Reforma Laboral sucedida el jueves en el Congreso de los Diputados como consecuencia de la denuncia de un particular. Acuerda, asimismo, dar traslado a la Fiscalía de su decisión.
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El juez abre así una investigación preliminar para aclarar si la votación de ayer en el Pleno fue un “error informático”, tal y como está defendiendo la dirección del Partido Popular. El diputado del PP Alberto Casero votó a favor del Real Decreto del Gobierno que salió adelante por 175 votos a 174, lo que supuso la convalidación de la reforma por la mínima.
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La denuncia se registró esta misma madrugada en el juzgado de guardia por el abogado Esteban Gómez Rovira, que refería la existencia de un “presunto delito informático y otros”.
El juez ha dictado un auto en el que considera “procedente acordar la incoación de diligencia previa y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado”.
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Pocas horas después, la Fiscalía se pronunciaba “en el sentido de oponerse a lo solicitado, sin perjuicio de que el Juzgado al que corresponda conocer del presente procedimiento por el reparto correspondiente, practique las diligencias necesarias para ello”.
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El denunciante pedía en su escrito que el juez oficiase “de forma inmediata a la Guardia Civil, delitos informáticos, para que se persone en el domicilio del diputado y en el Congreso de los Diputados” con el fin de “proceder al análisis de terminales y sistemas, reconstruyendo con el código de verificación la votación realizada” con el fin de emitir después el correspondiente informe pericial.
El juez descartó la adopción de estas medidas cautelares y ha explicado que para que la Guardia Civil se persone en el domicilio del diputado del PP y ocupe terminales y sistemas "se precisa autorización" del dirigente --algo que no consta-- o un auto de entrada y registro judicial "basado en indicios claros de delito y no en meras sospechas como alude la denuncia presentada".
Según consta en el auto, la investigación deberá someterse ahora a reparto para determinar cuál de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla tendrá que hacerse cargo.
La denuncia ha sido presentada por un abogado que ya ha presentado al menos dos denuncias en los juzgados madrileños contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) José Félix Tezanos. Ambas fueron archivadas.
