La protección de los hipotecados y la adopción de medidas para facilitar el crédito a las pymes son los dos principales ejes económicos de las noventa propuestas de resolución presentadas hoy por los grupos parlamentarios tras dos días de debate sobre el estado de la nación.
En esta segunda jornada, se han escuchado duras críticas desde la bancada del Grupo Mixto. Y un día después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase que se va a aumentar la cantidad no embargable por deudas hipotecarias hasta los 961 euros, CiU ha propuesto elevar más este límite y ha pedido también fomentar la dación en pago -que la entrega de la vivienda sirva para saldar una deuda hipotecaria en su totalidad- con incentivos fiscales, aunque no los detalla.
Los nacionalistas catalanes sugieren asimismo mejorar la valoración que se hace a un inmueble cuando se lo queda el banco acreedor, mientras que el PP ha reclamado "poner coto" a abusos como la denominada cláusula suelo, que marca el interés mínimo que debe pagar el hipotecado incluso si el Euribor se sitúa por debajo.
ERC-IU-ICV piden directamente la dación en pago y proponen también limitar las cantidades de los créditos y el tiempo para pagarlos.
El BNG se suma también a la dación en pago y añade medidas alternativas al embargo, como moratorias en el pago de los plazos pactados, la transformación en contrato de arrendamiento o condonaciones parciales de la deuda.
El PP considera "limitada" la medida del Gobierno de ampliar el umbral del salario inembargable y apuesta por la recuperación de la deducción por compra de vivienda y por "poner coto" a cláusulas "abusivas", como "la cláusula suelo".
Junto con las hipotecas, los populares incluyen su prometida ley de apoyo a los emprendedores, con incentivos fiscales a la contratación (3.000 euros durante dos años a los emprendedores que contraten a su primer trabajador por tiempo indefinido), el pago del IVA en el momento del cobro de la factura y nuevas formas de financiación.
CiU también reclama bonificaciones para los autónomos y pymes que creen puestos de trabajo y que las entidades financieras que han recibido ayudas públicas se reserven una parte del crédito que conceden para las pequeñas y medianas empresas.
Esta condición para las entidades asistidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) también la defienden IU-ICV-ERC y PSOE, que además pide que dicha asistencia pública sea el "último recurso" con el objeto de minimizar el coste para los contribuyentes.
Otra de las propuestas comunes es la de una tasa para las transacciones financieras internacionales.
Asimismo, ambos piden impulsar medidas que limiten las remuneraciones variables de los miembros de consejos de administración y altos directivos de entidades "cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base sólida de capital", como afirma la propuesta socialista.
El PNV propone transferir a las comunidades autónomas las competencias sobre "crédito, banca y seguros".
Para atajar la tasa de desempleo, una de las propuestas del PP es una reducción del 20 % de las cotizaciones por contingencias profesionales de la Seguridad Social y otra del cien por cien en las cotizaciones por contratos a menores de 30 años.
CiU sugiere aumentar la flexibilidad y mejorar el mecanismo de jurisprudencia laboral para tener un marco legislativo que genere confianza y se pueda crear empleo en los próximos meses.
En el ámbito autonómico, UPyD pretende que las comunidades estén obligadas a someter sus proyectos de presupuestos al control del Ministerio de Economía, que estaría facultado para exigir su modificación en caso de que no garanticen la estabilidad y coordinación fiscal y financiera del Estado.
A la espera de que el Gobierno concrete su "regla de gasto" para las comunidades autónomas, el PP aboga nuevamente por reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y colocar límites presupuestarios y de endeudamiento.
Las propuestas se debatirán mañana en el pleno del Congreso después de ser enmendadas y negociadas entre los grupos, tarea a la que el PSOE se ha aplicado con los que considera sus "socios presupuestarios": PNV, Coalición Canaria y UPN.
