El Consejo de Ministros ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz sobre desahucios por considerar que vulnera el derecho a la propiedad de la vivienda.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que, previamente, se pedirá un informe con carácter de urgencia sobre este asunto al Consejo de Estado, que tiene quince días para responder.
Después de la reunión del Consejo de Ministros, a la que no ha asistido Rajoy por encontrarse en Bruselas en el Consejo Europeo, Sáenz de Santamaría ha detallado que el recurso puede ser contrario a varios artículos de la ley andaluza de la vivienda y de la disposición adicional segunda del decreto ley que permite la expropiación temporal del uso de viviendas en procesos de ejecución hipotecaria.
Sáenz de Santamaría, que ha recordado que la UE ha puesto en duda este decreto y ha manifestado su preocupación, ha señalado que el Ejecutivo entiende que la medida afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma que está reservada a las Cortes Generales.
Ha argumentado asimismo que la normativa andaluza establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y fija una regulación contraria al principio de igualdad, por cuanto en la regulación de los derechos afectados es necesario que exista una norma con carácter general y estatal para garantizar esa igualdad.
LA JUNTA DE ANDALUCÍA LAMENTA LA "GROTESCA OPERACIÓN" DEL GOBIERNO
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha defendido la constitucionalidad del decreto ley para asegurar la función social de la vivienda en Andalucía y ha acusado al Ejecutivo central de "haber fabricado excusas falsas", de manera que "ha montado una grotesca operación para cargarse de supuestas razones en base a las apreciaciones de la Comisión Europea", asevera.
La consejera considera que el anuncio de recurso contra el decreto ley "supone un ataque frontal a la autonomía y a la soberanía andaluzas con el único objetivo de defender los intereses de las entidades financieras". Por ello, lamenta que el Gobierno "se pone al servicio del totalitarismo financiero, intentando dejar fuera de la legalidad las políticas alternativas al neoliberalismo, algo que no va a conseguir".
La consejera ha dejado claro que el decreto ley "es hoy una norma plenamente vigente", por lo que la Consejería "continúa con la tramitación de expedientes de expropiación del uso de viviendas para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social, así como con la inspección del parque andaluz de viviendas para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de las personas jurídicas que los posean".
