La Junta de Andalucía ha hecho hoy un llamamiento a "la cautela y el respeto" para garantizar la protección e intimidad de los menores implicados en el caso de la presunta violación de un niño de 9 años por cuatro compañeros de entre 12 y 14 años en un colegio de la sierra de Cazorla, en Jaén.
"Desde la Junta de Andalucía, ante la presunta agresión en un centro educativo en Jaén, hacemos un llamamiento a la cautela y el respeto para garantizar la protección e intimidad de menores y familias", ha publicado la Consejería de Educación en Twitter.
La Junta ha reaccionado así después de las informaciones que se están publicando en las que se desvelan detalles de los menores.
Este asunto afecta al menor que presuntamente sufrió la agresión sexual y a otros cuatro alumnos, de primero y segundo de la ESO, que habrían cometido los hechos y que han sido expulsados del centro educativo como medida cautelar.
La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo ayer estar "conmocionada y horrorizada" por la presunta violación y pidió "respeto y protección a la identidad" del menor.
La presunta violación de un niño de 9 años por cuatro compañeros de entre 12 y 14 años en un colegio de la sierra de Cazorla (Jaén) ha causado conmoción en la comunidad educativa y en las instituciones andaluzas, que han rechazado unos hechos que ya investiga la Fiscalía de Menores.
Los cuatro alumnos presuntamente implicados en la violación, que cursan primero y segundo de la ESO, han sido expulsados del centro educativo como medida cautelar, según ha informado la consejera de Educación, Sonia Gaya.
LESIONES COINCIDENTES CON UNA VIOLACIÓN
La violación se produjo dentro del centro y a la hora del recreo, según el testimonio de la familia del menor agredido, que es de origen marroquí. Los hechos se habrían producido la pasada semana, y el menor fue atendido en un hospital de Úbeda de lesiones coincidentes con una violación. No era la primera vez que el niño sufría acoso por otros compañeros en el colegio y había sido amenazado para no contar nada.
El centro hospitalario, tras realizar la exploración al niño, lo puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y de la Policía Nacional, a la que le pidieron que se identificase a dos presuntos agresores para saber si eran menores. Al tratarse de menores de 14 años, inimputables legalmente, las diligencias las lleva solo la Fiscalía de Menores, mientras que en caso de necesitar algo de las Fuerzas de Seguridad del Estado la competente es la Guardia Civil.
El menor agredido no está asistiendo al colegio como medida de precaución y la familia no ha querido dar detalles sobre su estado, por lo que el Gobierno andaluz solo conoce de su situación sanitaria lo que le comunicó centro sanitario que lo atendió. La Junta de Andalucía no tomará todas las medidas previstas hasta que no se aclaren todos los detalles sobre la agresión, pero está intentando esclarecer los hechos en el centro escolar y comprueba que todas las administraciones están coordinadas.
Las medidas cautelares, tanto la de que el niño no asista a clase como las expulsiones -cuya duración dependerá de la investigación-, se basan en la necesidad de proteger a los menores. Estos hechos han causado conmoción en Andalucía y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dicho estar "horrorizada" y ha pedido "respeto y protección a la identidad" del menor.
Ha pedido también que la Fiscalía de Menores y la Delegación de Educación "cuanto antes aclaren lo sucedido y se depure lo que tenga que depurarse en el caso". El Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor ha abierto una queja de oficio y la ha dirigido a la Delegación de Educación para ver si se tenía conocimiento previo del acoso y si se ha activado el protocolo establecido una vez que se han conocido los hechos, así como para saber el proceso de recuperación que se va a establecer tanto para la víctima como para los agresores.
El grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz ha registrado la comparecencia de la consejera de Educación para que aporte toda la información del caso ante unos hechos "gravísimos". Save the Children ha denunciado los fallos en la prevención y detección de los casos de violencia contra los menores y ha insistido en la necesidad de una Ley integral que erradique todas las formas de violencia contra la infancia incluido el abuso sexual y el acoso escolar.
