Juana Rivas, la mujer a la que un Juzgado de Granada ha obligado a devolver este miércoles a sus dos hijos, de 3 y 11 años, a su padre, al que denunció por malos tratos el año pasado y que ya fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2009, ha asegurado hoy que no le entregará a los niños.
Esta vecina de Maracena (Granada) ha comparecido junto a la responsable del área de Igualdad del centro de la mujer de este municipio, Francisca Granados, quien, por su parte, ha asegurado que agotarán todas las posibilidades contra la resolución judicial que ordena a la madre a entregar a sus hijos en un punto de encuentro familiar, y frente a la que han presentado un recurso de reposición.
Según Granados, que también se ha puesto en contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz, "la justicia y la legalidad no siempre van de la mano", y el caso de Juana Rivas, en el que ha habido a su juicio "demasiados despropósitos", está plagado de "ignorancia e irresponsabilidad intolerables" por parte de la judicatura.
Juana Rivas, por su parte, ha asegurado que es "peligroso" que los niños vivan con su padre: "Tengo esperanza, creo en los milagros y hay gente que nos puede ayudar", ha dicho emocionada en rueda de prensa.
CONDENA EN 2009 POR MALTRATO
Tras una condena en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar, esta mujer volvió a denunciar a su pareja por malos tratos en julio de 2016, después de regresar de la pequeña isla italiana de Carloforte en la que vivía con el padre de sus dos hijos, tras estar sometida supuestamente a una situación de violencia psicológica y física.
Esta última denuncia por violencia de género presentada hace ahora más de un año contra su expareja, ha informado Granados, sigue "a la espera de ser traducida" para ser enviada a Italia.
La responsable del centro de la mujer ha lamentado también que, en las decisiones judiciales acordadas no haya sido tenido en cuenta la legislación más reciente que considera a los menores como posibles víctimas de violencia de género, de ahí que haya criticado el "despropósito absoluto" de este caso.
LA AUDICENCIA DE GRANADA DESESTIMO EL RECURSO
Más recientemente, la Audiencia de Granada desestimó el recurso de apelación presentado por Rivas contra la decisión del juzgado que le ordenó la restitución de sus dos hijos a Italia, motivo por el que presentó otro recurso por infracción procesal ante el TSJA, que a su vez lo rechazó y que la ha obligado a llevar su caso al Supremo.
A pesar de la queja formalizada ante ese último alto tribunal, pendiente de resolverse, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada volvió a ordenar ayer la devolución de los menores, en una providencia en la que señalaba que, pese a que contra ella cabía recurso de reposición, se debería "llevar a efecto lo acordado".
La juez indicaba incluso que, en caso de que la madre obstaculizara la devolución, el padre debía ser auxiliado por la unidad de familia y mujer del Cuerpo Nacional de Policía.
"Estamos en acción. Vamos a luchar hasta el último momento. Se han cometido una serie de irregularidades e ilegalidades tan evidentes que demandan una respuesta extraordinaria", ha sentenciado Granados, quien ha apostillado que los menores no pueden ser considerados una mera "transacción de mercancías" y que ha advertido de que se les podría causar un "daño irreparable".
EL ABOGADO DEL PADRE DENUNCIA LA INSTRUMENTALIZACION DEL CASO
Por otra parte, el abogado Adolfo Alonso, que representa al padre italiano, ha denunciado la "instrumentalización" de lo que considera un secuestro y no un caso de violencia machista.
En declaraciones a Efe, el letrado ha lamentado la "campaña de desprestigio" hacia su cliente y ha asegurado que toda la actuación judicial seguida ha pretendido siempre "hacer las cosas lo mejor posible para los menores", sin exponer la figura de estos a la opinión pública y respetando su intimidad e historia personal.
En su opinión, existe una "manipulación" de los hechos y se omite que el proceso seguido para lograr la restitución de los menores con su padre en Italia ha contado con todas las garantías judiciales.
"Se pretende cercenar al Poder Judicial con movilizaciones sociales", ha sentenciado Alonso, quien a su vez ha mostrado su respeto absoluto a los derechos fundamentales del padre, de la madre y de los propios menores.
