Disfrutar de un cuadro en el museo Sorolla o viajar al pasado en el Arqueológico ahora es más seguro. Ocho museos estatales de Madrid cuentan con desfibriladores instalados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además se ha formado a sus trabajadores para utilizarlos. Los cinco primeros minutos son claves cuando se trata de salvar la vida de una persona que ha sufrido una parada cardiaca.
El Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Antropología, Museo Cerralbo, Museo Sorolla, Museo del Romanticismo, Museo de América, Museo del Traje y Museo Nacional de Artes Decorativas contarán a partir de ahora con un servicio de cardioprotección para sus visitantes, trabajadores, turistas y vecinos.
Los desfibriladores instalados corresponden a la solución DOC (Desfibrilador Operacional Conectado) de B+Safe, equipos conectados las 24 horas que ofrecen telecontrol, tele-asistencia al usuario, llamada preferente al 112, activación del protocolo de emergencias (cadena de supervivencia) y geolocalización del propio equipo.
Estas características del desfibrilador DOC hacen que el proceso de atención a una persona en parada cardíaca se agilice, ya que cada minuto que pasa cuenta para salvar una vida. La mayoría de las paradas cardíacas son fibrilables, esto significa que atendiendo a la víctima de forma rápida los primeros minutos con técnicas de RCP y con la aplicación del desfibrilador, las posibilidades de supervivencia aumentan de forma considerada.
Además, B+Safe también contempla la formación homologada a un total de 80 trabajadores de los museos en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), Soporte Vital Básado (SVB) y uso del desfibrilador.
La Comunidad de Madrid lanzó hace unos meses el Decreto 78/2017 de 12 de septiembre, mediante el cual se suma a las Comunidades Autónomas que obligan a la instalación de desfibriladores fuera del ámbito sanitario. Entre los espacios de gran afluencia señalados para su instalación se encuentran, entre otros, los establecimientos públicos con un aforo igual o superior a 2.000 personas y los establecimientos de la administración pública en poblaciones de más de 50.000 habitantes con afluencia media diaria igual o superior a 1.000 usuarios.
