Las dos principales plataformas de alquiler turístico se ponen de perfil tras la investigación lanzada por el Ministerio de Consumo y aseguran que no pueden controlar si los pisos que se anuncian en sus sitios web tienen licencia y no, a pesar de exponerse a sanciones.
Esta investigación que Consumo está llevando a cabo pone el foco en aquellas zonas donde se ofertan más viviendas vacacionales que licencias expedidas, como en Madrid, Málaga y Murcia, y es por eso que se ha solicitado a grandes plataformas información de esas viviendas que se arrendan.
Por su parte, Booking y Airbnb, se sienten señaladas y aseguran que no es de su incumbencia, remitiéndose a una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que dice que el responsable último de la información de los anuncios, del número de registro y de las licencias es quien presta el servicio final, es decir, al arrendatario, y que las plataforma solo son intermediarias.
Y es que muchos de estos pisos se alquilan aparentando ser la vivienda de un particular, sin embargo son empresas especializadas en alquiler de estas viviendas.
“El problema que nos encontramos es que las plataformas cuentan con una actividad que es intermediaria y es cierto que la legislación no les exige que tengan que facilitar un control sobre las personas o entidades que aportan esos bienes inmuebles, entonces hay un pequeño vacío legal”, nos ha contado Miguel Peralta, abogado especializado en sector inmobiliario.