El Gobierno limitará la contratación de la luz por teléfono para luchar contra las llamadas comerciales
Un reglamento ya en trámite impedirá que se haga publicidad comercial y contratar vía telefónica por parte de las empresas, salvo petición del cliente
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El Gobierno central ha dado un paso más para intentar acabar con las malas prácticas de las comercializadoras eléctricas que llaman sin cesar a multitud de personas para ofrecer nuevos servicios y que, incluso, muchas de estas llamadas son estafas.
La idea del Ejecutivo es que la contratación de estos servicios sólo pueda hacerse vía telefónica en el caso de que sea el propio consumidor el que tome la iniciativa de establecer ese contacto.
“Lamentablemente no se van a eliminar del todo este tipo de prácticas, pero sí que se va a dificultar bastante”
Y es que hasta ahora, las medidas impulsadas para garantizar nuestra tranquilidad telefónica no han dado los frutos esperados y los usuarios siguen siendo víctimas de estos intentos de estafa o de las molestas llamadas que les perturban su tiempo de descanso en muchos casos.
“Lamentablemente no se van a eliminar del todo este tipo de prácticas, pero sí que se va a dificultar bastante”, afirma Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que añade que esta medida “que parece muy drástica”, viene por “la irresponsabilidad de las empresas que comercializan gas y electricidad” porque, dice, “son ellas las responsables de cómo contratan con los clientes”.
Facua pide al Gobierno que extienda la prohibición de altas mediante spam telefónico a servicios de telecomunicaciones
Facua-Consumidores en Acción pidió al Gobierno este miércoles que extienda la prohibición de los contratos fruto de llamadas telefónicas no solicitadas a los servicios de telecomunicaciones, financieros, alarmas y seguros.
Un real decreto que regulará la contratación de servicios energéticos pretende vetar las altas que intenten realizarse mediante llamadas no efectuadas o pedidas expresamente por los usuarios.
La asociación advierte que los servicios de telecomunicaciones están incluso por delante de los energéticos en número de llamadas comerciales no solicitadas, prohibidas desde junio de 2023.
El 96,6% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas.
Así, una encuesta realizada por Facua a más de 6.000 consumidores señaló que el 73,5% de los afectados por spam telefónico recibió en el último mes llamadas con ofertas de telecos. En segundo lugar, están las de luz y gas, nombradas por el 71,8%. A continuación, seguros (25,1%), alarmas (6,4%) y préstamos (5,9%).
Según la encuesta, realizada a finales del pasado junio, el 96,6% de los consumidores sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas. Mientras tanto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) carece de recursos suficientes para tramitar el ingente volumen de denuncias que recibe por todas las irregularidades que son de su competencia, lo que deriva en la caducidad de un número creciente de expedientes. Además, Facua detectó casos de denuncias por spam telefónico archivadas de forma injustificada por la AEPD.
Asimismo, la asociación reclama que la norma, que de momento afectará a la contratación de luz y gas, obligue a las energéticas a comunicar a cada nuevo cliente su derecho a cancelar el contrato sin abonar ninguna cantidad si ha sido fruto de una llamada spam.
Es una de las alegaciones que presentará la asociación a la propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación incluida en un real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica que actualmente está en trámite de audiencia pública.
Facua considera “imprescindible” que para dar por válida un alta telefónica se aporte una grabación en la que el usuario manifieste que fue él quien realizó la llamada o pidió expresamente recibirla. Así, en caso de que una compañía active un contrato sin contar con esa grabación, la denuncia del usuario afectado debería derivar en una indemnización económica para él y una multa para las dos empresas implicadas: la responsable de la llamada con el alta fraudulenta y la comercializadora que la diese por buena.
