La APM traslada su preocupación a UE por la reforma del PSOE que limitará las acusaciones populares
- La reforma que plantea el PSOE permitiría archivar los casos de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez, así como limitar el del fiscal general
- La acusación popular fue clave en los casos GAL o Filesa, pero también en la trama Gürtel, Lezo y Púnica o el famoso caso Nóos
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, ha solicitado a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo su "intervención" en una carta en la que expresan su "preocupación" por la propuesta del PSOE que contempla, entre otras cuestiones, limitar la acusación popular.
A través de un comunicado, la APM entiende que la proposición de ley registrada por los socialistas es "un nuevo ataque" al Estado de derecho puesto que, "de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción".
“Vacía de contenido la acusación popular” y que por su aplicación con efecto retroactivo como está previsto “garantizará la impunidad de determinados hechos que están siendo investigados y que están relacionados con la corrupción”, ha denunciado María Jesús del Barco, magistrada y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Del Barco ha añadido que esta propuesta “además, trata de cercenar la libertad de expresión de jueces y magistrados”; “lo que se pretende es que los jueces no podemos ni manifestar nuestra opinión en aquellos asuntos que nos afectan y que nos afectan, además, en defensa del Estado de Derecho”.
Los medios de comunicación son otros de los afectados por esta medida socialita ya que también impide que se pueda iniciar un procedimiento judicial mediante las informaciones publicadas en la prensa, por lo que la presidenta de la APM considera que “el trato que se da en esta ley a la labor que cada día hacen los medios de comunicación es, como poco, despectivo, parece que sembrara la sospecha que los periodistas se dedican a contar tonterías o milongas en los medios de comunicación y que, por otro lado, los jueces somos tan tontos que nos creemos cualquier milonga y con eso abrimos un procedimiento”.
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“No podemos tolerar la impunidad de ningún tipo de delito, ni aquellas conductas de personas que están en la vida pública, en la política, y que desde luego cercenan la confianza de los ciudadanos en la democracia”, ha reivindicado la magistrada.
