El PSOE quiere limitar por ley la acusación popular, recusar jueces y suprimir el delito de ofensas religiosas

El PSOE presenta una proposición de Ley para limitar la acusación popular y actuar contra los jueces. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, registraba la iniciativa esta mañana por sorpresa, y en plena instrucción de los casos judiciales que acorralan al entorno del presidente del Gobierno, de su esposa, su hermano y el Fiscal General. El PSOE considera que hay que actuar contra las "acciones judiciales abusivas". El PP le acusa de perseguir a los que le investigan.

El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha avanzado este viernes que la 'Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas' que acaba de registrar en el Congreso de los Diputados busca "impedir los mecanismos de acoso" por parte de grupos "ultras" que usan la acusación popular para fines propios y suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.

López ha añadido que esta iniciativa parlamentaria también recoge que se inadmitan las querellas que se basen en recortes de prensa --asumiendo así "la doctrina del Tribunal Supremo"-- y una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que contemple una nueva causa de recusación para que los magistrados que hayan realizado manifestaciones a favor o en contra de determinados partidos no puedan participar en procesos en los que los mismos formen parte.

La proposición de ley registrada este viernes por el PSOE permitirá expulsar de la instrucción judicial a las personadas en los casos 'Begoña Gómez', 'Koldo' y contra el fiscal general del Estado (FGE) y provocará que algunas de ellas directamente queden fuera de la causa, una vez entre en vigor.

La disposición transitoria única establece que las modificaciones contempladas por dicha proposición "serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento".

Entre esas modificaciones se establece que no podrán ejercer la acción popular "los miembros de las carreras judicial o fiscal y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales" y "los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos", entre otros.

Además, fija que "quienes pretendan ejercitar la acción popular deberán actuar en virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente", por lo que exige que acrediten ante la autoridad judicial "la relación o vínculo personal, social o profesional con el interés público que motiva su intervención en el procedimiento, así como la relevancia y suficiencia de dicho vínculo".

LA CAUSA SE ARCHIVA SI NO ACUSA FISCALÍA O ACUSACIÓN PARTICULAR

La norma, que recoge varios modificados del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) añade un nuevo artículo, el 104 bis, que entre otras cosas, destaca que "cuando no se formule acusación por el Ministerio Fiscal o por la acusación particular, el proceso penal será archivado, no pudiendo continuar el mismo sólo con la acusación formulada por la acusación popular salvo por delitos en los que concurra un interés exclusivamente público".

Según al exposición de motivos, con estas modificaciones de la LECrim se busca evitar "el uso abusivo de la figura de la acusación popular, que emplean determinados colectivos no con el fin de aclarar posibles hechos delictivos, sino para atacar sistemáticamente a sectores sociales no afines y a adversarios políticos".

Hazte Oír: el PSOE "busca impunidad" con su reforma legal

La asociación Hazte Oír dijo este viernes que la proposición de ley que el PSOE ha registrado en el Congreso contra acciones judiciales abusivas está hecha "a medida" y "por un solo motivo": "Buscan impunidad".Así se pronunció este viernes Hazte Oír, que reaccionó al anuncio de la iniciativa propuesta por los socialistas para limitar la acusación popular diciendo que "debería denominarse Ley Orgánica para la impunidad del PSOE y de los suyos".

La asociación, personada como acusación popular en diferentes casos judiciales, insistió en que había "informado recientemente del peligro que representa el PSOE para la libertad de todos los españoles" y advirtió de que la propuesta tiene el fin de "eliminar realmente la acción popular", que recordó que es "un derecho de todos y cada uno de los españoles".

"Cualquier persona que tenga pensamiento crítico ve claramente que se trata de una propuesta diseñada a medida como forma de autoprotección y mecanismo de control de lo que ellos entienden como disidencia", explicó el letrado de Hazte Oír Javier Pérez-Roldán.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al PSOE de estar "buscando impunidad de los políticos frente a la justicia" y de pretender "amedrentar a los jueces" con la reforma legal que el partido socialista ha impulsado.

Así se pronunció Ayuso en su perfil de X que considera esta medida como el "segundo acto para rememorar la dictadura y parecernos a ella todo lo posible".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, advirtió este viernes de que la última proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso busca "paralizar" los procedimientos judiciales abiertos contra su Gobierno y su entorno al incluir una disposición transitoria para que tenga efecto sobre las investigaciones en curso. "Lo que está detrás de esa iniciativa es única y exclusivamente buscar la impunidad de Pedro Sánchez. Es decir, que no sea juzgado ni el Gobierno de Pedro Sánchez, ni el partido de Pedro Sánchez ni el entorno directo de Pedro Sánchez, que son su mujer y su hermano", explicitó en una rueda de prensa en Oviedo previa a la cumbre de barones del PP de este fin de semana.

"Esto es una peligrosa deriva en el marco de nuestro Estado de derecho", advirtió Gamarra. "Y hay que ser muy claros: lo que es abusivo es enchufar a hermanos, lo que es abusivo es enriquecer amigos, lo que es abusivo son los negocios del entorno más próximo del presidente del Gobierno, concretamente de su esposa, aprovechando su condición de mujer del presidente, y lo que es abusivo es sacar por la puerta de atrás de la administración miles de millones de euros en comisiones ilegales", añadió.